Se suceden los escándalos en el marco del estado de emergencia sanitaria, hasta el punto de que los buenos resultados iniciales podrían ser revertidos si la población se negara a seguir acatando la cuarentena por falta de credibilidad en el Gobierno. Claro que la principal perjudicada sería ella misma, pero no debe excluirse que la indignación que causan las fechorías en materia de contrataciones públicas la induzca a una irracional “desobediencia civil”. A este paso, muchos se preguntarán por qué deben seguir soportando los inconvenientes derivados de unas normativas o resoluciones dictadas por autoridades que se valen de la dramática situación para llenar sus bolsillos y los de las “roscas” proveedoras del Estado.
Aún se quiere creer que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está interesado en superar el tremendo desafío con la participación de todos, pero debe entender que esta confianza no es ilimitada: acabará cuando ya resulte innegable que no está dispuesto a quebrar los viejos lazos existentes entre los “servidores públicos” y sus tentáculos en el sector privado, al menos, por el momento, en lo relativo a la gestión de la crisis sanitaria. Cabe preguntar, por ejemplo, cómo es posible que personas que ya tienen antecedentes a raíz de actuaciones anteriores tengan que haber sido nombradas en puestos clave en este asunto de las licitaciones, tal como surgió con las recientes renuncias de algunos altos funcionarios ministeriales. Y aquí viene la pregunta que suelen formular los internautas: ¿no existen en el país profesionales de excelente formación, de límpida fama, que pueden ser llamados en vez de nombrar otra vez a otros de dudosa trayectoria?
Cuanto hasta ahora ha salido a la luz es simplemente canallesco, siendo el último escándalo el de consecuencias quizá más nocivas, es decir, el de los bienes rechazados por el Ministerio de Salud Pública, previo pago de un anticipo de 17.050 millones de guaraníes. Primero se supo que, bajo la jefatura de Édgar Melgarejo –ahora extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y asesor del Consejo de Presidentes de Seccionales Coloradas–, y por un valor total de 119 millones de guaraníes, la entidad, no afectada a la lucha contra la pandemia, compró a sobreprecio mascarillas, para peor vencidas, de la empresa Proyectos Global SA, representada por Katherine Pamela Toñánez y por Carlos Alberto Franco; la joven también está ligada al Consorcio Aero Tech, adjudicataria de contratos de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Detalle adicional: en un día y medio, los tapabocas fueron vendidos seis veces hasta llegar a la Dinac, resultando así cada vez más caros. El presunto delito de lesión de confianza, por el cual también están imputados tres funcionarios de la entidad aeronáutica, fue precedido por unas fallidas negociaciones entre Melgarejo y el importador Ignacio Pidal, realizadas mediante la supuesta intermediación de Mónica Seifart, asesora jurídica de la Presidencia de la República: ella le dijo que se quede tranquilo, según Pidal.
Para no quedarse atrás en tan noble causa y apelando también a la contratación directa, la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, adquirió de Solumedic SA, representada por Adolfina Chamorro y/o Víctor Cabañas y/o Verónica Cabañas, termómetros, agua tónica y mascarillas, estas últimas ignorando el “precio máximo referencial” de la cartera de Salud Pública, por un valor total de 359.700.000 guaraníes. Queda por ver si el Ministerio Público imputará a los responsables del operativo similar al de Melgarejo. Este dimitió dos días después de que agentes fiscales allanaron la sede de la Dinac y Samudio lo hizo el mismo día en que registraron la de Petropar. En ambos casos, el jefe del Poder Ejecutivo aguardó el allanamiento antes de aceptar las renuncias, siendo de esperar que no les haya dado las habituales gracias por los servicios cumplidos. Pudo haberlos destituido de inmediato, pues las respectivas leyes orgánicas lo permiten y las publicaciones de prensa eran contundentes.
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Es deseable también que el Jefe de Estado actúe con mayor energía en el sonado caso de las mascarillas, de los equipos de bioseguridad y de las camas de terapia intensiva rechazados por la autoridad sanitaria por no responder a la marca o a las exigencias técnicas. Para empezar, es llamativo que las firmas adjudicadas con un contrato de más de 85.000 millones de guaraníes –Insumos Médicos SA y Eurotec SA– estén ligadas a Justo Ferreira, un proveedor que, según denuncias periodísticas, falsearía documentos para hacer creer que los fármacos indios son brasileños y burlar así el control de calidad. Una barbaridad como esta pone en riesgo hasta la vida de pacientes de hospitales públicos y no podría cometerse sin la complicidad de funcionarios ministeriales. Por ende, es de suponer que la contratación directa en cuestión fue orientada hacia un viejo amigo de la casa, que seguramente sabe agradecer la confianza. Ahora fueron renunciados la titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Lourdes Rivaldi, y el director general de Administración y Finanzas, Alcides Velázquez, pero todo indica que debe escarbarse más en el fondo de la anquilosada estructura que maneja los negocios de los medicamentos, en la seguridad de que surgirán más “sorpresas”. Además, en esta clase de escándalos nunca faltan las sospechas de nexos políticos, como los que existirían entre integrantes del famoso “clan Samaniego” con algunos de los involucrados en el hediondo caso perpetrado en el marco de la lucha contra la pandemia.
El jefe de la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Salud Pública, Pablo Lezcano, renunció al cargo tras estallar el affaire. Dijo que lo hizo por “motivos personales” y el ministro Julio Mazzoleni lo repitió, agregando que fue trasladado a otra oficina. En el mismo sentido de la necesidad de prescindir de las personas que generan sospechas, la ciudadanía no querría violar el derecho a la intimidad, pero sí conocer la razón real por la que el funcionario dejó un cargo clave en el vasto mundo de la corrupción. Si delinquió, el ministro debe denunciarlo. Justificó el pago del jugoso anticipo, no previsto en el pliego de bases, con que supuestamente había que ofrecer un “gancho” para que se hagan ofertas.
Pero más allá del eventual daño financiero y de las responsabilidades penales emergentes, a ser averiguadas por el Ministerio Público, ya no se podrá recuperar el tiempo perdido. Habrá que realizar cuanto antes nuevas compras y quizá reajustar la “cuarentena inteligente”, pues se ha contratado con un personaje de avería, que forma parte de la “rosca” contratista vinculada a gente con poder político, que estaría detrás de las “firmas de maletín”.
Se habla de responsabilidades penales, pero también hay una política que, desde ya, la tiene el Presidente de la República, quien hasta ahora no da muestras firmes de querer limpiar el aparato estatal de tantos sinvergüenzas.