El Jurado de los amigos

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el órgano constitucional encargado de juzgar el comportamiento de jueces y fiscales. Está conformado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos senadores, dos diputados y dos miembros del Consejo de la Magistratura. Para mal de la sociedad, que debería reconocer en esta institución un contralor del respeto de la ley por parte de los jueces y fiscales, desde hace mucho tiempo el JEM es utilizado para negociar casos, incluyendo en su menú: impunidad para los amigos, o el castigo para quienes no lo son, o no cuentan con el apoyo de capomafiosos. Este manejo delictual quedó en evidencia con la difusión de los audios que afectaron al entonces presidente del JEM, Óscar González Daher. En lugar de cumplir con su responsabilidad de controlar el cumplimiento de la ley por parte de fiscales y jueces, este organismo es un conglomerado de facciones que tienen representantes serviles a sus deseos.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el órgano encargado de juzgar el comportamiento de jueces y fiscales, y fue creado en la Constitución, cuya conformación está prevista en el artículo 253: dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos senadores, dos diputados y dos miembros del Consejo de la Magistratura. Para mal de la sociedad, que debería reconocer en esta institución un contralor del respeto de la ley por parte de los jueces y fiscales, desde hace mucho tiempo el JEM es utilizado para negociar casos, incluyendo en su menú: impunidad para los amigos, o el castigo para quienes no lo son, o no cuentan con el apoyo de capomafiosos.

Esta situación quedó en evidencia cuando fue puesto al descubierto el manejo delictual por parte del entonces presidente del Jurado, el exsenador Óscar González Daher, quien obraba con la complacencia de diputados, senadores, abogados y miembros de la Corte que integraban en ese momento el órgano. Los audios que se divulgaron mostraron, sin filtros, cómo se transaba en casos que estaban principalmente en manos de fiscales, que, en lugar de investigar, cumplían los deseos de un grupo asociado criminalmente para obtener beneficios, torciendo la ley. Y cuando algún fiscal osaba investigar un hecho sin autorización o control del grupo liderado por González Daher, era procesado y amenazado por abogados que eran parte del grupo delincuencial.

Algunos integrantes del JEM participaron activamente en este sistema perverso, otros lo hicieron omitiendo dolosamente denunciar los hechos, y callando el manejo autoritario de un exsenador. Por ejemplo, miembros de la Corte, que, con esas actitudes miserables, confirmaron que nunca debieron haber llegado a la máxima instancia judicial.

En la semana que pasó, el JEM rechazó la apertura de una investigación y archivó denuncia contra la jueza y el fiscal que intervinieron en una de las causas que afecta a Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, devenidos millonarios luego de su ingreso a la política. Votaron por el rechazo Christian Kriskovich (denunciado por acoso sexual de una alumna, en su carácter de docente en la Universidad Católica), Adrián Salas (representante del gremio de abogados, quien vota disciplinadamente con Kriskovich), Gladys Bareiro de Módica (la ministra de la Corte que se considera en otro “level”), y Hernán Rivas (diputado de la ANR, cuya condición de abogado es bastante dudosa).

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Parece una casualidad que al día siguiente de este blanqueo, Javier Zacarías Irún haya sido designado integrante de la “nueva” Comisión Ejecutiva de la ANR. Igualmente, pareció casual la nominación de Hernán Rivas por parte de la Cámara de Diputados, pese a existir en ese cuerpo numerosos abogados con experiencia, y, sobre todo, de quien se duda haya realmente concluido sus estudios de Derecho, en una universidad de las que se conocen vulgarmente como de “garaje”, y de la que el actual ministro del Interior, Euclides Acevedo, es el rector.

Si este tipo de conductas del JEM hubiese sido un hecho aislado, podría pensarse en una casualidad, pero como se dijo antes, este órgano constitucional fue utilizado siempre como elemento de presión o de impunidad, según mayorías coyunturales, e intereses crematísticos.

En lugar de cumplir con su responsabilidad de controlar el cumplimiento de la ley de parte de fiscales y jueces, el Jurado es un conglomerado de facciones que tienen representantes serviles a sus deseos, sin importar cuán graves sean las irregularidades cometidas por fiscales y jueces corruptos.

Indudablemente, al igual que el Consejo de la Magistratura, encargado de la selección de ternas, el JEM debe ser objeto de debate en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, en la cual, las opciones de su eliminación o su integración serán claves para restablecer un sistema de control real de la actuación de jueces y fiscales, ya que hoy, por sus propios nefastos antecedentes, carece de confianza.

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El ciudadano de a pie se encuentra hoy con fiscales y jueces que, en lugar de darle la garantía de que aplicarán la ley, demuestran no solo ignorancia, sino que actúan de acuerdo al beneficio que pueden obtener ilícitamente de alguna de las partes. Y cuando el perjudicado por esta actuación delictual de los funcionarios judiciales decide recurrir al JEM, se encuentra con un remedo de órgano contralor que, en vez de investigar el hecho, consulta con sus amigos de la política a quién hay que liberar o apretar.

El Jurado no desaprovechó la semana en que se celebra el Día de la Amistad para ratificar que este es el país de los amigos.

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