No cortarles las alas a los habitantes del Alto Paraguay.

El Alto Paraguay es, sin duda, una de las zonas más aisladas del país, independientemente de su distancia de la capital, lo que se acentúa en épocas de lluvias. Esta situación traba su desarrollo económico y dificulta la atención de las necesidades básicas de sus habitantes. Hasta hace poco, la vía de comunicación siempre utilizable era el río, pero ahora por lo menos un tramo del Corredor Bioceánico está asfaltado, y Fuerte Olimpo cuenta con un aeropuerto de todo tiempo, que es administrado por el Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), en vez de serlo por la Dinac. La FAP exige que para operar en el lugar se le pida permiso ¡con 48 horas de anticipación! O sea que la esperada obra de infraestructura resulta torpedeada por una exigencia burocrática. Este inconveniente debe ser subsanado, pues poner dificultades para el movimiento de aeronaves en la única pista practicable el Alto Paraguay es como cortarles las alas a sus habitantes.

El Alto Paraguay es, sin duda, una de las zonas más aisladas del país, independientemente de su distancia de la capital, lo que se acentúa en épocas de lluvias. Esta situación traba su desarrollo económico, e incluso la atención de necesidades tan básicas de sus habitantes como la salud, debido a la precariedad de sus rutas y de su infraestructura hospitalaria.

Hasta hace solo tres años, la única vía de comunicación siempre utilizable era el río Paraguay, pues el departamento –de 82.349 km cuadrados de extensión– carecía de rutas asfaltadas y de tan siquiera una pista de aterrizaje cementada. Hoy, al menos, ya ha sido pavimentado un tramo de 54 kilómetros del Corredor Bioceánico, y Fuerte Olimpo cuenta desde 2017 con un aeropuerto de todo tiempo. El transporte regular, mediante vuelos semanales del Servicio de Transporte Aéreo Militar (Setam), contribuye a paliar la incomunicación de la capital departamental y de las localidades aledañas. Si es preciso que un aeropuerto pueda operar en todo momento en una localidad tan aislada, la necesidad aumenta cuando la cuestión sea de vida o muerte y la salida por el aire es la única opción existente. Se recordará que, más de una vez, hubo que trasladar en aeronaves a la lejana Asunción, a Concepción o a Pedro Juan Caballero a pacientes –muchas veces parturientas– que no pudieron ser atendidos en el pobre Hospital Regional. De ahí que la construcción de una pista pavimentada para el aterrizaje y despegue de los aviones en todo tiempo constituyó un hecho de enorme valor para los pobladores del Alto Paraguay.

Y bien, contar con esta importante alternativa no bastaría hoy para enfrentar situaciones de suma urgencia. Es lo que se desprende de una absurda disposición de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), que obliga a los pilotos de aviones con matrícula civil a pedirle un permiso, ¡con 48 horas de antelación!, para operar en esa estación aérea. O sea que la esperada obra de infraestructura, concluida en su momento a duras penas, resulta torpedeada por una exigencia burocrática, derivada del hecho –también absurdo– de que el aeropuerto esté administrado por el Comando de la FAP y no por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un paciente debe ser trasladado de urgencia, o un ganadero tiene una cuestión impostergable que resolver y debe viajar a su establecimiento, o desde aquí a la capital o a otro lugar? ¿Han pensado en esta cuestión las autoridades militares? En el primer caso, se informa que existe un convenio entre la FAP y el Ministerio de Salud para evacuar pacientes en aviones militares, e inclusive civiles.

La pista de aterrizaje fue construida con fondos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en tanto que las luces, los equipos de radio y la estación meteorológica fueron instalados con recursos de la Dinac, durante la presidencia de Luis Aguirre. Y, entonces, ¿en qué se funda la intervención de la FAP en este asunto? El MOPC, la Municipalidad de Fuerte Olimpo –dueña del inmueble– y la Dinac habrían acordado informalmente que el aeropuerto sea administrado por esta última entidad. Pero resulta que la Dinac, encargada de planificar, dirigir y fiscalizar la construcción de aeródromos, así como de administrar los servicios de tránsito aéreo, se desentendió olímpicamente del tema. En consecuencia, la Municipalidad habría transferido el inmueble al Ministerio de Defensa, que estaría tramitando el título de propiedad, sin que se haya dictado una ley de desafectación que autorice la operación. Por ende, la transferencia sería nula de nulidad absoluta y no podría ser confirmada o subsanada por un acto jurídico posterior. Entre tanto, el aeropuerto estaría funcionando de hecho como una base aérea, no regida por el Código Aeronáutico ni sujeta, por tanto, a la inspección, el control y la vigilancia de la Dinac.

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De confirmarse la grave irregularidad referida, se estaría ante un caso flagrante de torpeza institucional compartida. Como la Dinac, que equipó el aeródromo, no lo habría querido administrar por motivos que hasta hoy se ignoran, el intendente Sergio Cuéllar (ANR) entró en tratativas con el Ministerio a cargo del general (SR) Bernardino Soto Estigarribia, que habría aceptado el regalo con mucho gusto. Tan es así que, con base en una ley que también se ignora, la FAP ordenó a los pilotos civiles que le pidan permiso para operar en un bien que seguiría siendo del dominio público municipal, pese a la dudosa transacción mencionada. Por de pronto, puede afirmarse que, si no fue promulgada una ley de desafectación, el Comando de la FAP incurrió en un abuso de poder porque carece de autoridad para obligar a los particulares con relación al uso de un predio que ni siquiera pertenece al Estado.

El aeropuerto de Fuerte Olimpo debe tener un carácter civil y ser gestionado por la Dinac, de acuerdo a su ley orgánica y al Código Aeronáutico. Los pobladores del departamento necesitan poder utilizar la estación en forma regular, es decir, incluso en circunstancias normales, sin someterse a los rigores de una administración militar.

En suma, la resolución del Comando de la FAP es contraria al interés general y, por lo demás, le permitiría incurrir en arbitrariedades a la hora de otorgar o denegar un permiso, salvo que pueda invocar una norma de superior jerarquía que regule la cuestión. Este inconveniente que afecta al Alto Paraguay debe ser subsanado de inmediato, pues poner dificultades para el movimiento de aeronaves en la única pista de la zona practicable en todo tiempo, es como cortarle las alas a sus habitantes.

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