Paraguay, “prisionero geopolítico” y no “socio indispensable” en las binacionales

Con la “revisión” del Anexo C del Tratado de Itaipú a la vuelta de la esquina y la construcción de una nueva central en el Brazo Aña Cua, ya en marcha, el Paraguay sigue fungiendo como el metafórico mendigo sentado sobre un cofre repleto de oro. Para la mayoría de los paraguayos, esa desafortunada condición geopolítica se debe más a la codicia de nuestros gobernantes antes que a la mala fe de nuestros socios condóminos. Obviamente, a cambio de prebendas para beneficio personal de una claque de funcionarios corruptos y una mísera compensación para el Estado. No debemos caer en la ingenuidad de creer que el saqueo de la principal riqueza que posee nuestro país como son las aguas del río Paraná sea imputable únicamente a los concusionarios paraguayos y a sus asociados coyunturales de la margen izquierda del río. Ambos socios condóminos han venido compitiendo en el común afán de mantener al Paraguay como “prisionero geopolítico” antes que como socio indispensable, como efectivamente lo es por ser dueño de la mitad de las aguas del río Paraná.

Con la “revisión” del Anexo C del Tratado de Itaipú a la vuelta de la esquina y la construcción de una nueva central en el Brazo Aña Cua, ya en marcha con los trabajos preliminares correspondientes a las obras civiles del proyecto, el Paraguay sigue fungiendo como el metafórico mendigo sentado sobre un cofre repleto de oro. Para la mayoría de los paraguayos, esa desafortunada condición geopolítica se debe más a la codicia de nuestros gobernantes, desde el dictador Alfredo Stroessner hasta la actualidad, antes que a la mala fe de nuestros socios condóminos. Sin embargo, han sido estos quienes desde la firma de los leoninos tratados han prohijado un esquema corrupto de alto nivel en la administración conjunta de las entidades binacionales a la que podríamos denominar “estratégica” –en connivencia con nuestros gobernantes de turno– para asegurarse la parte del león, aprovechándose de la venalidad de los nuestros, quienes por migajas no hesitan en entregarles más del 80% de la energía eléctrica cuya mitad le pertenece a nuestro país en ambas usinas hidroeléctricas binacionales. Obviamente, a cambio de prebendas para beneficio personal de una claque de funcionarios corruptos y una mísera compensación para el Estado.

Por tanto, no debemos caer en la ingenuidad de creer que el saqueo de la principal riqueza que posee nuestro país a partir de un recurso natural renovable como son las aguas del río Paraná sea imputable únicamente a los concusionarios paraguayos y a sus asociados coyunturales de la margen izquierda del río. Como lo registra nuestra épica historia, son de nuevo los propios gobiernos de Brasil y Argentina los que desde la puesta en marcha de los correspondientes tratados se han empeñado en convertir la administración binacional de ambas centrales hidroeléctricas en un feudo de corrupción estratégica gracias a que mantienen en sus manos las palancas técnica y financiera, con lo que hasta ahora retienen la hegemonía de gestión en las mismas y, por consiguiente, se quedan con la mayor tajada, más allá de las cacareadas cláusulas de igualdad de derechos y obligaciones consagradas en los tratados.

Tanto en la corrupción burocrática como la que carcome al Estado paraguayo en la actualidad, así como en la gran corrupción instalada en la administración conjunta de las usinas hidroeléctricas binacionales, los corruptores y los corruptos buscan hacerse ricos. En cambio, en la corrupción convencionalmente denominada “estratégica”, apalancada desde el más alto nivel de los gobiernos de Brasil y Argentina en las entidades binacionales, aunque todavía subyace la codicia como móvil para algunos de los actores, el incentivo básico de la misma responde a la tradicional política exterior de Itamaraty y del Palacio San Martín: ambas compitiendo en el común afán de mantener al Paraguay como “prisionero geopolítico” antes que como socio indispensable, como efectivamente lo es por ser dueño de la mitad de las aguas del río Paraná que impulsan las turbinas de las usinas hidroeléctricas binacionales.

De hecho, aunque cualquier Gobierno puede contratar agentes encubiertos o sobornar a funcionarios gubernamentales de cualquier país, se les facilita la tarea si los mismos están permeados por la corrupción, como en la administración paraguaya de las usinas. La abrogada Acta Bilateral firmada secretamente en Brasilia el 24 de mayo de 2019, por la que el Gobierno paraguayo dio su conformidad para que el director técnico ejecutivo brasileño manejara discrecionalmente la utilización de los 19.000 millones de metros cúbicos de agua del embalse de la represa de Itaipú para regular la generación de electricidad en función de su propia conveniencia, es un botón de muestra de la corrupción estratégica a la que nos referimos. Lo mismo puede decirse del cuestionado acuerdo Cartes-Macri sobre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), centrado en el proyecto de la central de Aña Cua; engendro violatorio del Tratado convenido entre gallos y medianoche por el corrupto gobierno de facto de Luis Ángel González Macchi con su par de Argentina para provecho de una gavilla empresarial binacional acostumbrada a lucrar con el apoyo de los gobernantes de turno de sus respectivos países, a expensas del interés público de ambas márgenes.

La entrega del control hegemónico del embalse de Itaipú a Brasil configuró una traición de lesa Patria, pues, aunque por el Tratado el reparto de la energía eléctrica de la central se divide en partes iguales entre ambos países, en más de 36 años la cantidad de energía que ha consumido el Paraguay representa en promedio solo el 8% del total generado en la usina en tal lapso. En oportunidad de la revisión del Anexo C del Tratado, Paraguay debe exigir que la contratación sea por cantidad de electricidad cuantificada rigurosamente y no con base en la potencia instalada, eliminando así la artificiosa dicotomía de “energía garantizada” y “energía no garantizada” establecida en 2002. Esta última, proporcional a la potencia contratada, beneficia a Brasil en un 92% y tiene una tarifa de regalo, como lo señaló en una ocasión el exdirector general brasileño de la binacional Miguel Samek (US$ 5/Mwh).

En cuanto a la implicancia del Acuerdo Cartes-Macri, que implementa el ilegal proyecto sigilosamente acordado por las corruptas Altas Partes Contratantes hace 20 años, podemos resumirlo como una perfecta ganga faustiana: un millar de puestos de trabajo para mano de obra no calificada paraguaya por un par de años, pero sin derecho a disponer de la electricidad en ella generada por un lapso de 20 años. ¿Dónde está la ventaja estratégica para nuestro país proclamada por el presidente Mario Abdo Benítez y sus adláteres?

Los paraguayos y las paraguayas deben imbuirse de los tejes y manejes de cuanto se cocina en las entidades binacionales, y exigir, mediante manifestaciones públicas y sostenidas, que los beneficios de ambos portentosos emprendimientos hidroeléctricos lleguen a todo el país y no queden en los bolsillos de una claque angurrienta y corrupta.

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