Con toda razón, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, sostiene que la Fiscalía debe determinar si los senadores Hugo Richer y Sixto Pereira (Frente Guasu) y Pedro Santa Cruz (PDP) incurrieron en instigación a la invasión de tierras privadas, en el departamento de Canindeyú.
En un mitin realizado en un inmueble invadido desde hace ocho años, el senador Richer instó a los ocupantes de un inmueble privado a permanecer en el lugar. “Vamos a resistir aquí”, les dijo, como si la ocupación por la fuerza no constituyera un hecho punible. Por tanto, tendría que ser castigado, si alguna validez tiene el principio de igualdad ante la ley: la investidura parlamentaria no autoriza a delinquir, aunque aquí los fueros se utilizan para defenderse ante la justicia cuando algún legislador comete una fechoría, pero se castiga a quien emite una opinión en el ejercicio de su función –que es justamente lo que protege la Constitución–, como lo decidió recientemente una mayoría parlamentaria en el caso de la diputada Celeste Amarilla (PLRA).
El senador Richer consideró la ocupación como un “acto de patriotismo”, enviando un ominoso mensaje a los demás autodenominados “sintierras” para que traten también de ser “patriotas” ingresando a otras tierras privadas o en litigio judicial. El legislador del FG, de por sí, se invistió de juez y les dijo a los campesinos de la finca ocupada que se trataba de una “tierra mal habida”. De esta forma, Richer merece al menos la apertura de una carpeta fiscal, como reclama el sector ganadero, pues de sus palabras se desprende que instigó la perpetración de un delito.
En efecto, el art. 30 del Código Penal sanciona como instigador al que “induzca a otro a realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor”. El art. 142 de la misma normativa castiga con hasta dos años de cárcel o con multa al que “individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y se instalara en él”. Esto es lo que hicieron los invasores apoyados por el senador Richer y sus colegas.
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El senador Santa Cruz, por su parte, esbozó un proyecto de notable envergadura, al incitar al auditorio a seguir luchando contra los sectores empresariales, como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). ¿Por qué? Pues porque ellos son todos representantes de los odiados sojeros. “Por ello, debemos confrontarlos en todo el país”, sostuvo. Dejando de lado el detalle de que los gremios de industriales y ganaderos también representen a muchos agricultores, salta a la vista que todo sojero es para Santa Cruz y sus colegas la bestia negra. No importa su nacionalidad ni que sea o no el legítimo propietario de la tierra que cultiva, ni que esta sea extensa o pequeña. Nótese que la UIP y la ARP solo fueron mencionadas como ejemplos: la lucha estaría dirigida contra los “sectores empresariales” en general, es decir, contra los malvados capitalistas, que apoyarían a los malditos sojeros. Para evitar malentendidos: el senador pertenece a un partido que, según su estatuto, se adhiere al “socialismo democrático” y rechaza los “totalitarismos”, entre los que, por cierto, figura el comunismo, que alienta la lucha de clases.
La “confrontación” propugnada –no se sabe si pacífica o violenta– tendría lugar a lo largo y a lo ancho de un país cuya Constitución garantiza la competencia en el mercado y la propiedad privada. Esta es inviolable, como deberían saberlo los legisladores de marras, de modo que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de un fallo judicial que, como es obvio, no puede ser dictado por un parlamentario. Él puede estar seguro de que cierto inmueble fue mal habido, pero la decisión respectiva solo compete a un juez. Si creyera que la utilidad pública o el interés social exigen que sea expropiado, tendría que presentar un proyecto de ley. No debe, en ningún caso, fomentar las invasiones de tierras. Parece innecesario apuntar estas obviedades, pero ocurre que en el Paraguay de hoy los autodenominados “sintierras”, que suelen ser unos sinvergüenzas apadrinados por politicastros de igual calaña, se arrogan el derecho a hacer “justicia” por mano propia. Ni a ellos ni a sus padrinos, muchas veces con fueros, les importa que la Carta Magna diga que “nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia”. Si se permitiera la ocupación impune de inmuebles rurales, no debería sorprender que en el futuro también se invadan los urbanos.
En esta problemática está en juego no solo la propiedad de una persona o de una empresa, sino también el desarrollo del país. Para ello, se requiere atraer inversiones, creando el marco adecuado, aunque las acciones de estos legisladores tiendan a frenarlas. Una moderada carga fiscal, una gran disponibilidad de energía eléctrica, una mano de obra capacitada y una buena infraestructura vial son condiciones necesarias pero no suficientes. También es imprescindible que haya seguridad jurídica y que las resoluciones de un Poder Judicial independiente sean ejecutadas con el rigor y la prontitud debidos. Quienes realicen inversiones legítimas deben tener la certeza de que sus personas y sus bienes serán precautelados por los organismos estatales.
Urge, pues, poner fin a la zozobra que afecta a tantos productores rurales. Claro que nada de lo antedicho inmutará a legisladores como los mencionados, mucho más interesados en alentar la inseguridad jurídica que en que se crean las condiciones propicias para vencer la pobreza. Es de esperar que, al menos esta vez, el inoperante Ministerio Público lo tenga en cuenta. Lo que menos falta en este momento en nuestro castigado país es un estímulo a la lucha de clases.