Una de las muchas promesas que lleva incumplidas el presidente Mario Abdo Benítez tiene que ver con la evaluación del desempeño de las ineficientes empresas públicas, entre las cuales figura la Industria Nacional del Cemento (INC). Apenas asumido el poder, el Primer Mandatario había anunciado que a tal efecto contrataría una consultora calificada con el objeto de realizar una exhaustiva auditoría de gestión de las mismas, y con base en los resultados obtenidos, implementar medidas correctivas tendientes a subsanar sus ineficiencias y drenar la ciénega de corrupción en la que están hundidas.
Han transcurrido más de dos años desde entonces, y esta es la hora en que nada se sabe respecto de tal promesa. Ciertamente, ha procedido al relevo de los titulares de la primera hora de dicha empresa pública, pero sin noticia alguna acerca de los resultados de las auditorías prometidas: hasta hoy la ciudadanía ignora si tales diligencias administrativas fueron llevadas a cabo o no. La única certeza que se tiene es que hasta ahora nada ha cambiado en el caso de la INC y que el despilfarro y la ineficiencia siguen gozando allí de buena salud.
La entidad es nuevamente objeto de fuego graneado por su lamentable desempeño de siempre, ya que en los momentos críticos, en que la gente necesita desesperadamente trabajar, como en las cercanías de fin de año, o como ahora, en que se está reanudando la actividad de las obras públicas después de un largo “parate”, la empresa cementera estatal hace faltar otra vez el indispensable insumo.
Pero lejos de reconocer la grave responsabilidad que le corresponde a la INC, por claros motivos, su presidente, Ernesto Benítez, adjudica la aguda escasez del producto al sector privado, a la bajante del río y a factores externos, entre otros.
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En la actual circunstancia, se puede afirmar que el primer motivo de la lamentable situación tiene que ver con el fracaso de los proyectos de inversión con los que se prometió mayor eficiencia de la cementera estatal, pues supuestamente reduciría costos, al aumentar la producción de clínker así como el despacho de cemento. Las supuestas inversiones, por un monto señalado de US$ 80 millones, se hicieron durante el Gobierno de Horacio Cartes y bajo la administración de Jorge Méndez, con fondos provenientes de las colocaciones de bonos soberanos (entre 2014 y 2017), que endeudaron enormemente a nuestro país.
El cambio de combustible, que iba a ser posible con la importante inversión, supuestamente iba a significar un ahorro de US$ 20 millones, porque el costo de coque es menor que el del fueloíl, según había dicho el expresidente Méndez, durante cuya gestión se firmó la mayoría de los contratos “de inversión”. Además, la instalación de nuevas embolsadoras en Villeta incrementaría la facturación en US$ 50 millones al año. En tanto que el nuevo secador de puzolana iba a representar, por su lado, un ahorro de US$ 10 millones. Pero ¿cómo es posible que los funcionarios continúen mintiendo tan descaradamente al contribuyente para usar su dinero?
En efecto, ahora resulta que, tres años después, no se produjo ningún ahorro ni se redujo el costo en la producción del cemento “Vallemí”, de la cementera del Estado. Todo lo contrario, recientemente, su titular hasta dijo que están analizando aumentar los precios a sus distribuidores, con la excusa de la bajante del río, lo que sin duda se trasladará al comprador final que hoy ya soporta mayores precios por la escasa oferta del producto en el mercado que hizo que los precios se dispararan.
Tampoco se logró el aumento en la producción de clínker de 2.000 a 2.200 toneladas por día, ni del despacho de cemento, de 50.000 a más de 90.000. De hecho, hace meses que la INC entrega menos de 40.000 bolsas del producto por día.
Si bien la cementera privada Yguazú incrementó sus precios a sus distribuidores este año, difícilmente ese hecho pueda ser usado como explicación para justificar el fracaso de las políticas que se vienen aplicando en la empresa pública.
No se puede dejar de mencionar un nefasto antecedente concretado por el Gobierno y el Congreso en el año 2006, con la sanción de una ley proteccionista y discriminatoria, a todas luces inconstitucional porque rompe el principio de la igualdad ante la ley, que impide a las cementeras privadas producir cemento a partir de clínker importado. Es decir, debe adquirir obligatoriamente esa materia prima de la INC. Pero para mayor irregularidad, resulta que tal imposición solo corre para las empresas privadas, porque la propia INC viene importando clínker, pese a que con su producción local debe surtir a las demás empresas, según la citada ley. En el pasado mes de abril importó 40.000 toneladas de la firma Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd., a un costo de G. 27.862 millones. A inicios del presente mes lanzó una licitación para comprar otras 80.000 toneladas de la materia prima, que es molida en su planta de Villeta. Señal inequívoca de que el horno de calcinación de Vallemí, por alguna razón, no está produciendo clínker. Esta situación no deja de ser una ironía teniendo en cuenta que la cantera de piedra allí existente podría abastecerla por siglos.
Para explicar tan escandalosa situación, la empresa apela a una torcida interpretación: la ley no puede ser retroactiva y, como la INC ya existía en el momento de su promulgación, la prohibición no corre para ella sino para las empresas que quieran instalarse en el país. Tal explicación no puede ser más arbitraria. En síntesis, esta ley se dictó para salvar al obsoleto elefante blanco gubernamental.
Sin esa ley proteccionista que hasta hoy está vigente, se pudieron haber instalado en todos estos años industrias cementeras que provean al sector de la construcción este producto tan importante para el desarrollo de la infraestructura, un área en donde Paraguay precisamente es el menos desarrollado de la región. Y los motivos están a la vista. ¿No habrá algún legislador patriota que promueva un proyecto de ley para derogar la otra, tan perjudicial?
La pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo el Estado paraguayo piensa continuar sosteniendo con dinero del contribuyente esta antigualla que, antes que beneficiar al sector de la construcción, le ocasiona innumerables perjuicios? Ya no es posible mantener esta cuna tradicional de seccionaleros y la clientela política. Una de dos: la INC debe competir en el mercado con reglas claras, sin ventajas, o desaparecer como empresa estatal.