El Código Civil establece que no pueden ser objeto de los actos jurídicos lo comprendido en una prohibición de la ley y los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto. Por otro lado, la Constitución indica que los actos contrarios a la misma son nulos y sin ningún valor. Las autoridades, por su parte, son custodios de la Constitución y de la ley, siendo su obligación respetar y hacer respetar el orden jurídico.
Nuestros representantes y servidores públicos parecen no comprender la importancia de velar por el respeto de la Constitución. Su torpeza llega incluso a mostrar esta ignorancia en actos públicos como el que ocurrió el 15 de octubre de 2020, cuando, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, suscribieron, forzados por estas, un cuestionable acuerdo con algunas organizaciones campesinas manejadas por inescrupulosos avivados.
Uno de los puntos del documento señala que los Poderes Legislativo y Ejecutivo intervendrán en los juicios de desalojo para impedirlos, hasta tanto el demandante no demuestre fehacientemente la titularidad del inmueble. Esta aberración atenta contra los cimientos del sistema republicano de Gobierno, que entre otros principios se basa en la división e independencia de los Poderes. La tarea de dirimir conflictos jurídicos es atribución excluyente de los jueces que integran el Poder Judicial.
Los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo no pueden arrogarse atribuciones que la Constitución no les otorga. El Presidente de la República, representado en ese acto por el ministro del Interior, lo cual es de por sí absurdo por no ser representante del titular del Ejecutivo, ya que es responsable de la administración del país y de la seguridad interna. El presidente del Congreso representa al Poder Legislativo, cuya función esencial es dictar leyes en el marco del respeto de la Carta Magna. Ninguno de estos Poderes puede inmiscuirse en conflictos jurisdiccionales, ya que de hacerlo estarían atentando contra el Estado de derecho, cuya construcción se apoya en la igualdad ante la ley.
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El acuerdo suscrito con el contenido referido es nulo y sin valor, desde el momento en que altera las atribuciones de los Poderes del Estado, lo cual representa una afrenta a las normas de la Ley Suprema, como la independencia del Poder Judicial.
El mensaje que envían las autoridades al pueblo cuando suscriben documentos como el mencionado, para dar satisfacción a conductas extorsivas, es que la ley no importa. Que las normas vigentes que deben ser custodiadas por ellas se adecuan o amoldan según la necesidad del Gobierno y su clientela, incluso si ello significa la violación de la misma Constitución.
¿Cuál es la lectura que deben darle las víctimas de invasiones organizadas por grupos de delincuentes con el objetivo de lograr beneficios como los conseguidos en octubre de 2020? ¿Qué deben interpretar los jueces que tienen a su cargo los juicios, a partir de la flagrante intromisión de los dos Poderes mencionados en cuestiones que solamente les atañen a ellos?
El presidente del Congreso, Óscar Salomón, y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, ambos abogados, incitan a la desobediencia, desoyendo lo previsto en el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe el uso de la violencia en el reclamo de los derechos. Con el acuerdo firmado restan autoridad a los jueces competentes.
Ambas autoridades, representantes de dos Poderes del Estado, en lugar de dar ejemplo de respeto al Estado de derecho y de dar su apoyo al Poder Judicial en la solución de las ocupaciones, entregan inescrupulosamente dinero del pueblo sin control, alteran el orden democrático de distribución del poder, sustrayendo del Poder Judicial su función primordial.
Es lógico que, con estas actitudes irresponsables, el pueblo no respete la ley a pesar de ser obligación de todos hacerlo. Es más rentable buscar el camino torcido de acercarse a parlamentarios, al Presidente y sus ministros, a proponerles negocios al margen de la ley, con la expectativa de que estos hagan una llamada al juez para que decida el caso en su favor, ya que así tendrá mayor posibilidad de ganar.
Es aberrante que tengamos autoridades que desconocen principios fundamentales de la institucionalidad, que al atentar contra ellos abren el camino para más injusticias y violencia.