El presidente Mario Abdo Benítez ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) suspender la licitación convocada para construir un puente entre las localidades de Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil). Fundó su decisión, que sería “reevaluada” a mediados de año, en la conveniencia de reorientar el aporte nacional de 30 millones de dólares hacia el sistema sanitario hoy colapsado. “La prioridad es la salud”, según dijo. En realidad, la ley habla de “cancelar” una licitación por caso fortuito o fuerza mayor o cuando circunstancias, debidamente justificadas, extingan la necesidad de ejecutar una obra, o que la continuidad del proceso de contratación perjudique a los organismos y a las municipalidades.
Y bien, la pandemia no elimina la necesidad de construir ese puente de singular importancia para el corredor interoceánico, cuyo tramo central se halla en el aún marginado Chaco paraguayo. Es evidente que la circulación fluida de personas y mercaderías, que tantos beneficios económicos dejaría al país, quedará truncada sin dicho enlace sobre el río Paraguay, aparte de frustrar desde ya la creación de puestos de trabajo en la industria de la construcción. Como el Brasil está muy interesado en que se levante el puente, es improbable que la decisión, que le “está siendo comunicada”, sea allí bien recibida y no solo porque se vería de pronto forzado a tomar igual medida, alterando sus planes. Tampoco se advierte en qué sentido sería nocivo para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por ejemplo, que continúe normalmente el proceso licitatorio. En el improbable caso de que en los últimos meses haya elevado tanto su ejecución presupuestaria que ya esté por agotar los 1.600 millones de dólares tomados en préstamo, a los que deben sumarse los disponibles gracias al redireccionamiento de créditos presupuestarios, el Poder Ejecutivo y el Legislativo deberían echar mano a otros recursos que no estén comprometidos en una obra tan relevante para el desarrollo como la interconexión hoy “suspendida”.
Sin duda, no lo es tanto la sobrefacturada “pasarela de ñandutí”, pero al Presidente de la República no se le ocurrió en su momento que el MOPC tenía la facultad legal de suspender o rescindir el contrato por razones de interés público, como lo sería la necesidad de reforzar la sanidad. No hubiera sido difícil encontrar muchas fuentes de financiamiento con tan solo reducir el descomunal derroche persistente en toda la administración pública. El MOPC, por ejemplo, destinará este año 81.000 millones de guaraníes al pago de un envidiable seguro médico para sus 4.000 funcionarios, mientras que el Senado aceptó gran parte de los afrentosos aumentos de sueldo dispuestos por su presidente, Óscar Salomón (ANR, abdista), en favor de unos funcionarios dedicados al ocio puro y duro: si se los hubiera anulado, el MSPBS habría recibido este año mucho más que los 8.000 millones de guaraníes “recortados” a la clientela.
Cabe mencionar también que, por su parte, la Cámara de Diputados aceptó el veto del Poder Ejecutivo a la inclusión de los “gastos socioambientales” de las entidades binacionales en el Presupuesto del país y rechazó un proyecto de ley en virtud del cual ellos iban a ser destinados a la compra de insumos médicos, de materiales de bioseguridad para el personal de blanco y de infraestructura hospitalaria, en tanto dure la pandemia.
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Viene a cuenta recordarlo porque la nefasta decisión de paralizar el puente internacional sirve, al menos, para desnudar la falacia de que el Paraguay no puede usar como crea conveniente los fondos recibidos de las entidades binacionales, sin el consentimiento de la otra parte. Resulta que la suma a ser reorientada hacia la compra de fármacos y de insumos médicos proviene de Itaipú Binacional y que Marito no realizó consulta alguna –creemos innecesario consultar con nadie para utilizar recursos que legítimamente le corresponden al país– con su colega Jair Bolsonaro, ni con los proveedores de esos fondos para tomar la decisión. De esta manera, el Jefe de Estado se refutó a sí mismo y puso en ridículo a sus correligionarios legisladores, siempre interesados en seguir invirtiendo los “gastos socioambientales” en campañas electorales y, por tanto, reacios a que sus destinos sean establecidos en el Presupuesto nacional. A falta de argumentos convincentes, le costará explicar a su homólogo brasileño por qué era preciso “suspender” el procedimiento de contratación, y a sus compatriotas por qué se negó a promulgar la ley que iba a permitir transparentar el empleo de los referidos gastos, que el año pasado llegaron a unos 162 millones de dólares, si el Paraguay puede y debe emplearlos según su leal saber y entender, como siempre hemos sostenido.
En síntesis, la construcción del puente es totalmente compatible con el fortalecimiento del sistema sanitario, siempre que el Poder Ejecutivo y el Congreso, cuya incongruencia y mala fe en cuanto a “gastos socioambientales” han quedado en evidencia con la malhadada suspensión, tengan la “voluntad política” de al menos reducir el dispendio.
Con su inutilidad, mentiras y contradicciones, este Gobierno –sostenido por los movimientos colorados Añetete y Honor Colorado– va menguando cada vez más su ya debilitada credibilidad, lo cual es una desgracia para el país, en este tan delicado momento. La gente de bien debe ir anotando estos hechos para no volver a votar por sus verdugos en las próximas elecciones.