Los mandamases de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá disponen discrecionalmente de unos fondos previstos en los papeles para atender necesidades socioambientales. Al menos en el lado paraguayo, ningún organismo estatal controla su correcto empleo en cuanto al destino final y a la ejecución, de modo que tanto los proveedores como los destinatarios de ese dinero público pueden hacer lo que se les antoje. Se entiende que haya gente interesada, sobre todo en el ámbito político, en que los directores generales paraguayos Manuel María Cáceres y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente, actúen sin rendir cuentas a nadie: lograr sus favores mediante un telefonazo resultaría mucho más sencillo que cabildear ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso para recibir una buena tajada de casi 150 millones de dólares anuales.
Así puede entenderse que el Presidente de la República haya objetado antes, en mala hora, la ley que integraba los gastos socioambientales en el Presupuesto nacional, invocando la prelación de los tratados y hasta un fallo del Tribunal Supremo Federal brasileño. El veto no fue rechazado por la Cámara Baja, de modo que el Paraguay –dueño del 50% de lo generado por las represas hidroeléctricas– siguió renunciando a su derecho a disponer de lo que le corresponde, sin lesionar el interés de la otra parte. No se trata de arrancar más fondos, sino de asignarlos a las verdaderas necesidades socioambientales constatadas por los organismos de representación popular, sin dejar todo al arbitrio de los directores y de quienes los instalaron allí, para destinarlos a sus intereses políticos y personales.
La Constitución dice que la designación de los directores generales paraguayos depende del acuerdo del Senado y obliga a los empleados de las entidades binacionales a prestar declaraciones juradas de bienes y rentas; la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental también rige expresamente para ellas, al igual que la que exige proveer informaciones sobre los sueldos de los servidores públicos. Se entiende que así sea, pues no son dos Estados independientes que escapen al Derecho Positivo nacional. Lo atinente a los fondos socioambientales también tiene mucho que ver con la transparencia.
Y bien, fracasada la referida iniciativa de ley y respondiendo a la aguda crisis sanitaria, se presentaron dos proyectos para que esos recursos sean usados específicamente en la lucha contra la pandemia: el primero fue aprobado en la Cámara Alta y rechazado en la Baja, en tanto que, días después, el segundo tuvo mejor suerte, gracias a que los diputados Néstor Ferrer, Fernando Ortellado, Roque Sarubbi y Tadeo Rojas (ANR, cartistas) prefirieron que la ley obligue al Poder Ejecutivo a dar a ese dinero el destino mencionado, y no que solo le autorice para el efecto, con la consecuencia de que podría dejar de hacerlo. Los otros 38 colorados quisieron “nadar y guardar la ropa” para disimular el abandono de la tesis de la prelación de los tratados y a la vez evitar poner a Mario Abdo Benítez en una situación embarazosa. Así fue que, para ahorrarle el mal trago, la abrumadora mayoría de sus correligionarios optó por transferirle en gran medida la discrecionalidad de la que, en esta materia, aún gozan los directores generales Cáceres y Duarte Frutos. El Jefe de Estado debería volver a exhibir la actitud que tuvo al reconocer el tremendo error cometido con relación al Acta Bilateral entreguista y admitir, al menos tácitamente, haberse equivocado con anterioridad, y promulgar esta vez una ley de necesidad tan imperiosa como la que se tuvo al declarar el estado de emergencia.
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Se ha dicho, en fin, que a pedido del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Itaipú Binacional destinó más de 35 millones de dólares, de los que se habrían aprobado 3 millones para la ejecución de un plan de contingencia contra el coronavirus. Es bueno saberlo, pero también enfatizar que no es cuestión de que el país esté pendiente del arbitrio de un par de personas, sino de hacer valer la soberanía nacional y la transparencia en el manejo del dinero público, para que no sea empleado en campañas electorales, entre otras fechorías de ya larga data.
Con toda seguridad, el Presidente estará recibiendo unas intensas presiones para que vete la ley, pues ella implicará sustraer de manos de los jerarcas colorados la cuantiosa suma antes mencionada, que podrían utilizar en las campañas para las próximas elecciones municipales. Confiamos, pues, en que tenga el valor moral de promulgar una normativa que responde al bien común, en unas circunstancias realmente dramáticas para nuestra doliente patria. Está por verse si, aunque más no sea por una vez, Marito es en verdad “de la gente” o si continúa siendo un instrumento de las claques que abundan en su Gobierno.