La dignidad de la persona humana es un concepto fundamental en nuestro sistema jurídico, que se basa en un estado social democrático de derecho.
El Preámbulo de la Constitución Nacional contiene esa idea concretamente: “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista…”.
En una república, toda persona tiene derechos fundamentales que representan la garantía de que el Estado no actuará arbitrariamente. No se admite, entre otras cosas, el trato discriminatorio, puesto que impera el principio de igualdad. Responsables de que la sociedad funcione en atención a las necesidades prioritarias de sus miembros, son cada uno de los funcionarios públicos, empezando por el Presidente de la República.
En nuestros días, el pueblo paraguayo es víctima de sus gobernantes, quienes en lugar de cumplir con el mandato de la Constitución, hacen lo posible por someterlo, degradándolo en todos los aspectos: económicos, sanitarios, educacionales y libertarios.
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La pandemia del coronavirus evidenció cuán cruel e incompetente puede ser un gobierno ignorante. Cada día, desde el inicio de la crisis sanitaria, Mario Abdo y sus inoperantes colaboradores sometieron a la gente a sufrir lo indecible.
No prepararon la estructura de salud para recibir a los enfermos, tampoco adquirieron los medicamentos ni previeron la atención de los familiares, quienes como indigentes acampan literalmente en la vereda de los hospitales. No asistieron económicamente a los ciudadanos que quedaron sin fuente de ingresos porque exigieron contra toda lógica prohibir toda actividad comercial. A pesar de este enclaustramiento, nunca demostraron científicamente que el contagio o las muertes hayan disminuido.
Para completar su lista de inutilidades, no adquirieron las vacunas que son el único camino que permitirá volver a la normalidad. A consecuencia de esta incompetencia, las personas siguen muriendo todos los días. ¿Cuántas muertes ha provocado el gobierno de Abdo Benítez? ¿A cuántas familias condenaron a la quiebra? ¿Pagarán alguna vez los responsables del enorme daño que han generado a la sociedad paraguaya?
Todas las medidas desacertadas que tomó el Gobierno hasta ahora, las llevó adelante utilizando la herramienta del decreto, la que de ninguna manera puede ser empleada para limitar derechos contemplados en la Constitución Nacional. Desde el principio de esta actitud contraria al orden de prelación de las leyes contemplado en el artículo 137 de la Carta Magna, se advirtió al Poder Ejecutivo que ese no era el camino.
Ahora que la sociedad está harta de la prepotencia autoritaria mostrada con las medidas atentatorias contra sus derechos, el Ejecutivo envía un proyecto de ley, esperando que el Congreso le otorgue atribuciones que no le competen.
Este comportamiento desastroso del presidente Mario Abdo requiere urgentemente de una intervención del Poder Legislativo, tal como indica el artículo 3 de la Constitución cuando se refiere al equilibrio de poderes.
La situación amerita tomar decisiones trascendentes, considerando en una ley a todos los sectores afectados, afirmando expresamente que ningún poder del Estado puede gobernar mediante decretos atentando contra el principio de legalidad.
Principalmente debe quedar de una vez por todas en claro que no puede tratarse de normas que contengan únicamente sanciones, del tipo que fueren. No es momento de castigar inocentes, sino de recuperar el respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, mujeres y niños que habitan este suelo.