Tras el escándalo que se desató con la utilización de organizaciones no gubernamentales (ONG) para la asignación de cuantiosos fondos de la Gobernación del departamento Central, a cargo del conocido Hugo Javier González, sin que la utilización de tales fondos esté aclarada, se incrementan las dudas acerca de la fiabilidad de estas entidades para manejar recursos públicos, apareciendo más bien como pantallas para que ciertos proyectos del Gobierno se ejecuten supuestamente a través de las mismas, pero dejando serias dudas sobre la honestidad de tales operaciones. En el caso de Hugo Javier se han conocido en principio dos entidades seriamente comprometidas, una denominada Plantemos Conciencia y otra Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que juntas recibieron en total más de 21.000 millones de guaraníes, y ahora aparece una tercera, una “Asociación Greencity”, que solamente en febrero pasado recibió 568 millones de guaraníes para ejecutar ciertas obras identificadas genéricamente y sin lugares concretos para su realización.
Ante la evidencia de que el aparato estatal de los países subdesarrollados suele distinguirse por el papeleo y la corrupción feroz, los organismos internacionales promovieron en las últimas décadas la intervención de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el desarrollo de proyectos financiados con fondos públicos: ellas presentarían propuestas de interés general, que serían aprobadas siempre que demostraran su idoneidad en la materia en cuestión. Se suponía que serían más confiables que los podridos organismos del Estado y que la “tercerización” beneficiaría no solo a los grupos meta, sino también a todo el país, en la medida en que el dinero de los contribuyentes sería mejor invertido. En lo que al Paraguay respecta, la experiencia enseña que esa confianza fue excesiva, porque, en efecto, se han creado ONG solo para quedarse con una tajada del Presupuesto, en confabulación con jerarcas de organismos estatales, tal como se ha vuelto a evidenciar en el escándalo protagonizado por Hugo Javier.
Parece un contrasentido, pero en verdad se inventan supuestas entidades sin fines de lucro con el único fin de que sus directivos embolsen dinero público, bajo el manto de proyectos que a la postre resultan poco benéficos para la comunidad, pero sustanciosos para ellos mismos. De hecho, no necesitan haber demostrado idoneidad en la ejecución de iniciativas similares, sino más bien contar con padrinos influyentes en el Congreso o en el organismo en cuestión, ya que el negociado puede resultar de una directa asignación presupuestaria o de un contrato celebrado con una determinada entidad pública, eludiéndose, en uno y otro caso, la Ley de Contrataciones Públicas.
Vale recordar, como elocuente ejemplo de la seriedad de muchos de esos emprendimientos, que el Indert entregó casi G. 2.500 millones a la Fundación Cerro Lambaré para abrir pozos de agua potable en Horqueta, pero esta ONG fue constituida, entre otras cosas, para contribuir a mejorar la calidad de vida en el Cerro Lambaré y su entorno, así como “apoyar actividades en el ámbito de la cultura, el arte y la recreación”. Suele ocurrir, por cierto, que la ONG agraciada contrate, a su vez, a alguna firma proveedora de bienes o servicios, que le proporcione comprobantes de pago, con los que se configura una “tercerización” duplicada y fraudulenta.
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El Presupuesto de este año incluye la entrega de 45.403 millones de guaraníes a 127 ONG, siendo presumible que una buena parte de ellos se convierta en ingresos ilícitos, tanto para sus directivos como para sus patrocinadores instalados en el Presupuesto. Hay mucho dinero en juego y suma oscuridad en su administración, facilitado por el hecho de que se ignora por qué son “adjudicadas” ciertas ONG y no otras: todo indica que se trata de una corruptela como la de las pensiones graciables, otorgadas, de hecho, discrecionalmente, violando la “ley marco”.
La Contraloría puede pedir informes a las personas y entidades privadas que administren fondos del Estado, las que deben entregarse dentro del plazo máximo de veinte días. Ante los indicios de las graves irregularidades que van surgiendo, sería bueno saber cuántos reportes ha solicitado en lo que va del año y si en qué medida han sido satisfactorios. Por otra parte, la incumplida Ley Nº 5189/14 obliga a esas “entidades sin fines de lucro” a difundir por internet, además de los datos exigidos a los órganos estatales, el acta de constitución de la sociedad, la nómina de sus directivos y el detalle del uso de los recursos públicos administrados, entre otras cosas. Habría que preguntarse cuántas de ellas lo hacen y qué sanción reciben en caso de que ignoren la ley. Es notorio que el órgano contralor ha sido incapaz de impedir considerables desvíos de fondos a través del canal de las ONG y que la ciudadanía poco o nada sabe de aquellas que aspiran a administrar su dinero. Como es mejor prevenir, la selección de las ONG debe ser rigurosa, previa efectiva información a la ciudadanía acerca de las interesadas en ejecutar su dinero, a fin de que ella las conozca y, eventualmente, aporte datos al respecto.
Para impedir que continúe la estafa fundada en un repugnante contubernio, con el correspondiente padrinazgo parlamentario, nada mejor que la transparencia y, desde luego, el condigno castigo disuasorio para quienes delinquieron. El mecanismo en cuestión tiene una finalidad loable, pero ha sido distorsionado, una y otra vez, por los angurrientos de los sectores públicos y privados, coaligados contra el interés general. Es preciso revisar a fondo a estas entidades “sin fines de lucro”, para que estén al servicio de la gente y no seguir engullendo dinero de Juan Pueblo con proyectos amañados.