Mientras continúan las excusas, la delincuencia se adueña del país

El art. 175 de la Constitución establece que la institución policial está en “... dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación”; es decir, del Ministerio del Interior. Pese a esta clara disposición constitucional, el ministro Arnaldo Giuzzio cree que para tener una mayor intervención en las decisiones tomadas en ese ámbito, es necesario modificar la Ley Orgánica Policial (LOP) para introducir en el organigrama a un “representante político” del Poder Ejecutivo. Como se ve, bastaría con que el Ministerio trate de ejercer las facultades que le confiere, a más de la Constitución, su propia ley orgánica. Para el ministro siempre hay un obstáculo: si no es la ley, es el presupuesto. Mientras tanto, los delincuentes se están apoderando de distintas zonas del país.

El ministro del Interior Arnaldo Giuzzio ignoraba que la Policía Nacional (PN), subordinada a la institución que dirige, contrató a la empresa Winner SRL, representada por Luis Fernando y Óscar Daniel Brítez Chamorro, para introducir un código de seguridad en las cédulas de identificación expedidas por el Departamento competente: reveló que no se le había informado del proyecto, es decir, que fue ninguneado por el comandante policial Luis Ignacio Arias, en una cuestión de suma importancia para la seguridad interna. Siendo así, no sería de extrañar que solo se haya enterado a través de la prensa que, desde el último 14 de diciembre, el comisario principal Sebastián Ramírez es el jefe de las Unidades Policiales Tácticas que integran la Fuerza de Tarea Conjunta y que, por tanto, el personal de la Agrupación FOPE destinado a dicha fuerza pasó a depender operativamente del mencionado jefe policial. Quien encabeza el órgano encargado de la seguridad interna debe estar plenamente informado de los planes y de las acciones de la PN, pues la responsabilidad política le corresponde a él. En efecto, el art. 175 de la Constitución establece que la institución policial está en “... dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación”, es decir del Ministerio del Interior.

Pese a esta clara disposición constitucional, el ministro Giuzzio cree, sin embargo, que para tener una mayor intervención en las decisiones tomadas en ese ámbito, es necesario modificar la Ley Orgánica Policial (LOP) para introducir en el organigrama a un “representante político” del Poder Ejecutivo. Habrá que ver dónde instalarlo y con qué atribuciones específicas, pero, por de pronto, bastaría con que el Ministerio trate de ejercer las facultades que le confiere su propia ley orgánica, a través del Viceministerio de Seguridad: monitorear las inversiones y el funcionamiento de la PN, participar en la planificación y coordinación de operativos que requieran su especial atención “por razones de índole política, trascendencia o nivel de riesgo”, controlar la gestión y administración de la PN y el desempeño de sus miembros, analizar sus necesidades de bienes y servicios, compatibilizarlas con la disponibilidad presupuestaria y asesorar en la elaboración de los programas de acción e inversión. Como se ve, no falta nada, pero para el ministro siempre hay un obstáculo: si no es la ley, es el presupuesto.

No son pocas, pues, las atribuciones del Ministerio del Interior relativas al control que debe ejercer sobre la institución policial. Que Giuzzio no haya tenido noticias de que una firma fue contratada para implementar el referido código de seguridad revela que su organismo no analizó los requerimientos de bienes y servicios incluidos en el anteproyecto de Presupuesto policial; más aún, significa que él mismo ni siquiera le echó un vistazo antes de ser entregado al Ministerio de Hacienda ni luego de ser aprobado por el Congreso. Mal puede excusarse con que el Ministerio del Interior no está representado en la PN, para desligarlo del ejercicio de una función otorgada por su ley orgánica.

En cuanto al desempeño de los funcionarios policiales: quien encabeza el Ministerio del Interior debe conocer, al menos, los méritos y las aptitudes de las personas propuestas al Senado para los ascensos desde el grado de comisario principal, así como para el nombramiento por decreto del comandante y del subcomandante, de los jefes de las direcciones Administrativa y de Justicia Policial, y de otros cargos importantes. Esto tiene que ver con que Giuzzio pretende que la Dirección de Asuntos Internos de la PN tenga una “directa relación” con el Ministerio del Interior, lo que bien se podría lograr agregando a su jefe entre los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo.

También propone “modificaciones sustanciales” en cuanto al ingreso, lo que afectaría a la Academia Nacional de Policía, cuyos resultados en materia de formación técnica y moral son bastante magros. He aquí una cuestión de singular relevancia, dado que la pavorosa inseguridad está muy vinculada con la tremenda corrupción en las filas policiales. No es fácil enseñar a ser honesto, más aun cuando al parecer hay alumnos que buscan vestir el uniforme solo para hacerse de dinero sucio con toda impunidad. Vale enfatizar esta cuestión, pues no habrá reforma legislativa que mejore el funcionamiento de la PN mientras las conductas ilícitas no sean castigadas en su seno. No se trata tanto de que el Ministerio del Interior sea incapaz de controlarla por carecer allí de ojos y oídos, ya que bastaría con que, aplicando su propia ley orgánica, requiera minuciosos informes periódicos con relación a la ejecución del presupuesto y al comportamiento del personal, sin perjuicio de pedir la intervención de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Que un “representante político” del Ejecutivo haga oficina en el cuartel central de la PN no servirá de mucho para transparentar su gestión, así como tampoco una nueva ley orgánica policial si, como cualquier otra, solo tiene una vigencia teórica.

El peor problema del aparato estatal es que respeta menos las normativas que el interés pecuniario de sus integrantes; la proliferación de organismos y de regulaciones sirve más bien para enchufar en el Presupuesto a la clientela política y para eludir responsabilidades, al amparo de la superposición de funciones. En síntesis, los dichos del ministro del Interior suenan más bien a un vulgar pretexto, como tantos otros que hemos venido escuchando en los últimos tiempos, mientras el crimen organizado y delincuentes de toda laya se van apoderando paulatinamente de distintas zonas del país.

El nuevo episodio comentado indica que la situación va a seguir igual o peor con el ministro Giuzzio y el comandante Arias a cargo de la seguridad interna, por lo que deberían cumplir con su propia propuesta de dar un paso al costado si no logran cumplir con sus obligaciones en un plazo determinado, que ya ha expirado.

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