Acompañados por nueve de los doce concejales y ante la inacción del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), pobladores de Arroyos y Esteros se manifestaron frente a la municipalidad para exigir al intendente José Filippi Vera (ANR) que detenga la instalación de un vertedero en una zona de humedales, debido a que sus efectos económicos y medioambientales serían muy dañinos, sobre todo para dos compañías. El jefe comunal, apoyado por el gobernador cordillerano Denis Lichi (ANR), pero no así por la Junta Municipal, se negó a recibir a quienes ejercieron derechos de rango constitucional, como el de “manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso” y el de “reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente”.
Es elogiable que las eventuales víctimas del emprendimiento en cuestión hayan salido a la calle para repudiar una medida tan errónea, dispuesta o tolerada por quienes ejercen, respectivamente, una función pública municipal, departamental y nacional. El silencio y la indiferencia de los ciudadanos favorecen la arbitrariedad, la insensatez, la corrupción y el derroche de los gobernantes, de modo que es necesario que ellos alcen la voz cada vez que el bien común es vulnerado. No pueden confiar a ciegas, ni mucho menos, en que sus representantes electos los protejan ni que la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República o la Corte Suprema de Justicia velen por el interés general.
Nuestra democracia también es “participativa” y no solo porque tanto la Constitución como la Ley Orgánica Municipal admiten la iniciativa popular para presentar proyectos de ley o de ordenanza; esta ley dice además que “las municipalidades promoverán la participación de los habitantes (...) en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización de actividades de interés municipal”, para lo cual prevé las audiencias públicas, la participación ciudadana en las sesiones de la Junta Municipal y la creación de Juntas Comunales de Vecinos, así como la de Comisiones vecinales.
La deseable participación ciudadana presupone el ejercicio del derecho a acceder a la información pública, en forma gratuita y sin tener que justificar las razones del pedido. También tiene que ver con el ejercicio del derecho constitucional a peticionar por escrito a las autoridades, individual o colectivamente y sin requisitos especiales. Dado que la transparencia suele disgustar a los que mandan, es preciso obligarles a que den cuenta de sus actuaciones en lo que atañe, por ejemplo, al empleo de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). En los municipios y en los departamentos, el control ciudadano tendría que ser mucho más riguroso de lo que ha sido hasta hoy, pese a que las fechorías pueden estar a la vista.
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Es necesario interesarse en la gestión de la cosa pública para que ella no dependa exclusivamente de la buena o mala voluntad de las autoridades, para lo cual conviene que la ciudadanía sea consciente de que el dinero sustraído al erario sale de su bolsillo, privándole de la prestación eficiente de servicios esenciales. Los sinvergüenzas o los que tienen ganas de serlo deben saber que están siendo observados y que la gente los pondrá en la picota, aunque los jueces complacientes no los envíen a la cárcel. Ellos querrían que los ciudadanos se encierren entre cuatro paredes y se desentiendan de sus desmanejos, como si no les afectara: el “no te metas” les viene muy bien, así que no hay que darles el gusto. Dedicarse unicamente a los asuntos privados implica no solo traicionar a la sociedad, sino también a uno mismo: las acciones u omisiones de un Gobierno pueden incidir notablemente en el destino personal.
La experiencia enseña que, pese a todo, la opinión pública puede lograr que decisiones infames sean revertidas. El derecho a informarse y a manifestarse en forma pacífica tendría que ser ejercido con más frecuencia, para que “los de arriba” no crean que pueden hacer lo que se les antoje, sin que la gente se entere ni proteste. Los pobladores de Arroyos y Esteros están dando un buen ejemplo que deben seguir los de otras localidades cuando los derechos individuales y colectivos estén en peligro.