Con el apoyo de una amplia mayoría de los concejales, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), se apresta a subastar el 18 de diciembre seis hectáreas del dominio privado municipal, ubicadas en la Costanera Norte, sin que se haya aprobado aún el Plan Regulador de la Franja Costera ni se conozca el destino que tendrán los fondos a obtener. Dicho plan, elaborado por un solitario arquitecto, tendría un alcance mucho menor que el Plan Maestro que en 1996 reguló el uso del suelo con el apoyo técnico del Banco Mundial, razón por la que el Consejo de Desarrollo de Asunción, que reúne a 35 asociaciones, expresó más de una vez que privarse de los dos inmuebles, sin un previo desarrollo urbano mediante obras de mejoramiento, implicaría un serio perjuicio al patrimonio municipal, pues la subasta generaría un ingreso muy inferior al que se lograría en el marco del ambicioso Plan Maestro. Pero “las papas queman” para el intendente y hay que sacar dinero de cualquier agujero. Por ahí anda flotando el monto de unos 500.000 millones de guaraníes, cuyo destino presuntamente no se puede justificar pero que se debe cubrir de alguna manera. También hay que pagar los aguinaldos, que no sea que la clientela se moleste.
Nótese que si la Junta Municipal aprobara hoy el Plan Regulador, los eventuales interesados en participar en la subasta, limitada al ámbito nacional, dispondrían de apenas dos semanas para analizarlo y definir sus ofertas según lo que se podría hacer o no en cada uno de los predios. Tan exiguo sería el plazo que hasta es presumible que el remate esté direccionado, lo que no sería asombroso atendiendo los antecedentes de la actual administración municipal, signada por la corruptela en gran escala. Pero la cuestión se agrava, porque aún no se cuenta con un plan de inversión de lo que se recaude. El pliego que la Junta Municipal aprobó en noviembre último solo dice que el dinero deberá destinarse al servicio de la deuda y a gastos de inversión, es decir, que también servirá para tapar agujeros y mantener a la clientela. Para precisar el destino de lo ingresado, los concejales emplazaron por sesenta días al intendente, imputado por lesión de confianza y asociación criminal.
Por de pronto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, afirmó que se está “trabajando en los pilares infraestructura, espacios públicos y transporte” y negó que los fondos vayan a destinarse al pago de gastos corrientes, aunque admitió que también servirán para cubrir deudas. El lamentable historial de Nenecho hace que no sea descabellada la sospecha del edil Álvaro Grau (PPQ), quien cree que lo recaudado en la subasta servirá para abonar salarios y aguinaldos del abundante personal, como señalamos. Lo mismo habría ocurrido en parte con los 500.000 millones de guaraníes ingresados mediante la emisión de bonos para obras de infraestructura. La gravísima crisis financiera de la Municipalidad explica que el intendente se muestre tan apurado, dispuesto a malbaratar dos inmuebles que podrían valorizarse mucho más si se hicieran las cosas como es debido. Solo quiere salir del paso por algún tiempo para seguir desgobernando como siempre, con el descaro acostumbrado, acompañado por un grupo de concejales cómplices.
Dado que el bienestar de los asuncenos le tiene sin cuidado, la probidad y la eficiencia administrativas le importan poco, al igual que a la gran mayoría de esos concejales. Lo que se perpetra a diario en la Municipalidad sin fondos ni moral agravia a cualquier persona decente, sin que la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público intervengan con la fuerza legal necesaria para extirpar tanta impudicia. De hecho, ya habría sido intervenida por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara Baja, si no fuera porque el malhadado intendente cuenta con el sólido respaldo del cartismo. No se ha dado la menor intervención a la sociedad civil, como si la cuestión fuera ajena a su legítimo interés: todo se resolvió entre los ocupantes del Palacete Municipal, sin que los vecinos pudieran hacerse oír en una audiencia pública; no hubo transparencia en cuanto a la decisión de subastar ni al destino del dinero a ser obtenido.
Es lamentable que ni agrupaciones políticas ni organizaciones de la sociedad civil, en fin, ni los asuncenos en general, reaccionen ante estos groseros atropellos perpetrados por sus autoridades. Es necesario que se manifiesten en forma enérgica y sostenida, siempre dentro de la ley, para evitar que se les siga pisoteando impunemente la cabeza.