SAN JUAN NEPOMUCENO (Antonio Caballero, corresponsal). Una comitiva de fiscales medioambientales, de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del Instituto Forestal Nacional (Infona) constató la extracción ilegal de rollos de madera del inmueble ubicado dentro de la reserva para parque nacional San Rafael. Según los datos, la propiedad de Antonio Ibarra Llano cuenta con 3.300 hectáreas, y la tala de madera se está realizando en su inmueble y en terrenos aledaños, como en el asentamiento indígena Karanda’y otros bosques que están dentro del área protegida por ley.
La reserva para parque nacional San Rafael está ubicada entre los distritos de Alto Verá (Itapúa), San Juan Nepomuceno y Tava’i (departamento de Caazapá).
El Lic. Siles Rivas, de la oficina regional del Infona ubicada en Encarnación, señaló que se confirmó plenamente que la propiedad de Ibarra Llano no cuenta con el plan de manejo forestal, por lo que no puede hacer el aprovechamiento selectivo de los productos forestales. Es decir, no cuenta con guías de transporte, requisito ineludible para la comercialización de la madera, sostuvo el funcionario.
La propiedad de Ibarra Llano es utilizada para procesar los rollos frescos para que tengan aspecto de “lampiños” (madera supuestamente que cayó por acción del viento y se secó naturalmente). El transporte de la madera, producto de la tala ilegal, se realiza por el asentamiento campesino Kavaju Kangue del municipio de San Juan Nepomuceno, cruzando inclusive por la zona urbana sin ningún problema.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los traficantes de rollos y depredadores operan con complicidad de los efectivos policiales de las comisarías instaladas sobre los caminos ramales de los distritos de San Juan Nepomuceno, Ñumí, Mbocayaty y Mauricio José Troche, hasta llegar a Caaguazú. Los aserraderos de esta ciudad son el destino final de la madera, según datos que manejan los investigadores.
La fiscala Karina Escurra es la única de la unidad ambiental asignada para Caazapá y Guairá. En ambos departamentos son cometidos graves delitos ambientales, desde deforestación hasta canalización de ríos (ver infografía), que sobrepasan la capacidad de acción de la solitaria funcionaria.