GENERAL ARTIGAS, Dpto. de Itapúa (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). La localización del humedal está a unos 15 kilómetros al oeste del centro urbano de General Artigas, hasta donde se llega por un camino vecinal que conecta esta ciudad con la localidad de Arequitá, sobre la ribera del río Tebicuary.
Una de las zonas donde se ejecutaron los trabajos de canalización está en lo que anteriormente era conocido como “Estancia Cerrito”, adquirido por unos empresarios brasileños. El otro punto está más al norte, en el lugar conocido como “Estancia Bosch”, que abarca unas 12.000 hectáreas, también adquiridas por una empresa brasileña dedicada al cultivo de soja.
Los establecimientos fueron vendidos a los ciudadanos brasileños Celso y Genesio Targanski, y Clemente Buzanelo. Este último es el propietario de la exestancia “Bosch”.
La fiscala Raquel Bordón realizó de oficio ayer una intervención en la zona de trabajos tras tomar conocimiento de los hechos a través de publicaciones de diarios de circulación nacional. La funcionaria señaló que durante el procedimiento pudo verificar la construcción de una red de canales que no estaban previstos en el relatorio de impacto ambiental presentado por el técnico encargado de elaborar el plan, que tuvo aprobación de la Secretaría del Ambiente (Seam).
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Recién el 28 de agosto último, cuando los canales estaban construidos y el humedal escurrido, el consultor obtuvo una “actualización” de la licencia ambiental. Fue otorgada por el entonces director general de la Seam, Ing. Gustavo González.
Con los datos obtenidos, Bordón abrió un expediente por presunto delito ecológico y citó para el lunes 23 de setiembre a los propietarios de la finca, Celso Targanski y Genesio Targanski, para prestar declaración indagatoria. También al consultor ambiental Ramón Centurión, responsable del trámite para obtención de la licencia ambiental.
Pidió informes
La fiscalía también libró oficio a la Municipalidad de General Artigas para que informe sobre todos los antecedentes del caso. Además, emplazó a los propietarios a que presenten toda la documentación de que disponen para su cotejo.
Los intervinientes constataron la presencia de varias máquinas agrícolas, camiones, una retroexcavadora y tubos para alcantarillas en el sitio. También una gran cantidad de cal agrícola y semillas de soja.
Estudiará si imputa o no
Después de las declaraciones y el cotejo de documentos, la fiscalía resolverá si imputa por delitos ambientales a los propietarios de los inmuebles. También estudiará con los técnicos de la institución la posibilidad de reparar el humedal, según indicó la fiscala Raquel Bordón.
Además, la funcionaria no descartó ampliar las investigaciones a otras parcelas de la zona.