J. AUGUSTO SALDÍVAR (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Los pobladores, acompañados por cuatro concejales, iniciaron la movilización hace una semana frente a la sede de la Municipalidad para exigir la intervención. Ayer cerraron la Ruta 1 “Mariscal Francisco Solano López”.

La concejala Perla López (PLRA) dijo que presentaron denuncias en la Contraloría General de la República (CGR), fiscalía y en la Cámara de Diputados, pero que todo se congeló. Indicó que el intendente Daniel Báez (PLRA) no rinde cuentas del uso de los recursos comunales y que sospechan de la existencia de obras fantasmas.

El año pasado se rechazó el balance del 2017 porque estaba plagado de irregularidades, pero este año se aprobaría el del ejercicio fiscal 2018 porque ahora el jefe comunal tiene a su favor los votos de ocho ediles, dijo.

La edil indicó que muchas calles figuran como empedradas, como el acceso de la compañía Toledo Cañada, pero la vía es de terraplén. Además, se registra una masiva venta de terrenos municipales y hasta privados, afirmó.

Por su lado, el intendente Báez dijo que su administración está en regla y que cuenta con todos los documentos para demostrarlo. Añadió que él mismo pedirá la intervención para deslindar responsabilidades.

Los ciudadanos también piden la destitución de la directora de finanzas, Wilma Bareiro, hija del exintendente y concejal liberal Eusebio Bareiro. Ambos fueron procesados por lesión de confianza y condenados a devolver más de G. 600 millones y transferir dos inmuebles por valor de G. 58 millones.

Wilma Bareiro reconoció que soportó dos procesos junto a su padre y que fueron condenados. No recuerda si cumplieron las sanciones.

Según fuentes, los Bareiro ignoraron el fallo.