MANAGUA (AFP). Desde hace meses, el pueblo demanda la salida de Ortega, por haber implantado en el país un gobierno dictatorial y corrupto.
Desde septiembre, cuando declaró “ilegales” las protestas opositoras, la Policía ha negado permiso de manifestarse a organizaciones cívicas y políticas y ha reprimido fuertemente la presencia de opositores en la calles.
“El único diálogo que tiene cabida en las actuales circunstancias” es con campesinos, obreros y gremios productivos “dispuestos a trabajar” para lograr el desarrollo económico y social, dijo el gobernante y exguerrillero Daniel Ortega (75).
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) emplazó al gobierno a reanudar las negociaciones para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones económicas y sociales en el país.
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Las conversaciones están paralizadas desde mayo, cuando la ACJD decidió retirarse en protesta por la muerte a tiros de un opositor, en circunstancias confusas dentro de una prisión.
Ortega desestimó la demanda de la oposición de adelantar las elecciones de 2021. Pero propuso reformas y ajustes a la ley electoral.
Las protestas que estallaron en abril del 2018 contra una reforma del seguro social derivaron en una demanda para la salida de Ortega del poder y, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.
El Mandatario criticó además las sanciones económicas de EE.UU., sin citar expresamente a ese país, que se han aplicado contra al menos una decena de funcionarios de su administración, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Los detractores acusan a la pareja de querer instaurar una dinastía familiar similar a la de Somoza (1936-1979), que fue derrocada con las armas por el entonces insurgente Frente Sandinista (izquierda), ahora en el poder.
En diciembre de 2018 en base a un informe elaborado por expertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.
Cuarto mandato: ataque y tortura
Daniel Ortega ha dirigido el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, en dos etapas: la primera, desde 1985 hasta 1990, y la segunda, desde 2007, al vencer en las presidenciales celebradas un año antes y también en las de 2011. Su cuarto mandato lo inició en noviembre pasado tras ganar unas controvertidas elecciones. El líder sandinista califica a los detenidos bajo su régimen como “terroristas” y “golpistas”. La CIDH y la oficina de DD.HH. de la ONU han responsabilizado a su gobierno de ataques mortales.