LIMA (AFP). Una crisis política sin precedentes estalló el pasado lunes en Perú, después de que el presidente de ese país, Martín Vizcarra, disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción del Legislativo en rebeldía votara la “suspensión por incapacidad moral” del mandatario para luego designar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como jefa de Estado.
Vizcarra convocó además legislativas anticipadas para el próximo 26 de enero amparado en una norma constitucional que le permite disolver el Parlamento si le niega una cuestión de confianza, en este caso para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional.
Con este panorama surgieron controversias. Una de ellas de si se trató o no de un golpe de Estado.
Los líderes del Parlamento lo denunciaron como tal, pero todas las actividades e instituciones del país funcionan con normalidad.
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Hasta el Congreso sigue operando a través de su Comisión Permanente, de 27 miembros, entre ellos 18 fujimoristas (opositores).
El gobierno de Vizcarra no impuso restricciones a las libertades civiles, no hay despliegues militares, refugiados en embajadas ni arrestos.
Otra interrogante: ¿quién gobierna el país? El Congreso suspendió al presidente y designó en su lugar a la vicepresidenta Aráoz, pero el control de todo el gobierno sigue en manos de Vizcarra.
Además, muchos se preguntan quién dirimirá la puja de poder instalada entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Los líderes parlamentarios pidieron apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta respondió que se trata de un asunto interno y les recomendó acudir al Tribunal Constitucional peruano.
Los opositores dudan que puedan tener suerte en el Tribunal, el órgano que estuvo en el eje de la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso.