“Revolución del WhatsApp” contra los políticos del Líbano

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A pesar de que el Gobierno libanés   aprobó   presupuestos    sin nuevas cargas para los ciudadanos, las protestas en las calles del país continúan.
A pesar de que el Gobierno libanés aprobó presupuestos sin nuevas cargas para los ciudadanos, las protestas en las calles del país continúan.gentileza

BEIRUT (AFP). El Gobierno de Líbano, que enfrenta una movilización popular inédita en años, adoptó este lunes varias reformas bloqueadas desde hacía tiempo, pero no logró templar los ánimos de los manifestantes contra una clase política acusada de hundir el país.

Los libaneses reclaman, en una protesta generalizada, el reemplazo completo de una clase política que ha permanecido en el poder casi sin cambios desde la guerra civil (1975-1990). Treinta años después, muchos de los líderes de la época siguen presentes. Los que murieron o son demasiado viejos fueron reemplazados por miembros de sus familias.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro Rafic Hariri anunció que la coalición gubernamental que lidera adoptará “medidas esenciales y necesarias”.

Hariri prometió un “presupuesto para 2020 sin impuestos adicionales para la población”, una bajada del 50% de los sueldos del presidente, de los expresidentes, de ministros y diputados, y nuevos impuestos para los bancos.

Hariri afirmó que apoyaba el reclamo de los manifestantes de celebrar elecciones anticipadas. “Yo, Saad Hariri, estoy con ustedes en esta petición”, declaró. Las últimas legislativas tuvieron lugar en mayo de 2018.

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La protesta comenzó de manera espontánea el pasado jueves tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de WhatsApp, una decisión finalmente anulada, pero el malestar siguió.

En un ambiente festivo, los manifestantes apuntaron directamente contra sus líderes, otrora tan temidos y respetados. Algunas veces, incluso, las críticas surgieron en sus propios feudos electorales, algo inusual hasta la fecha.

Según la Constitución, el jefe del Estado debe ser cristiano maronita, mientras que el primer ministro debe ser musulmán suní y el del Parlamento, un musulmán chií.