Los accionistas de Vicentín rechazaron la medida gubernamental al considerar que “inhabilita todas las negociaciones que la compañía” realizaba para alcanzar “una solución en el ámbito privado y deja como única opción la estatización de la empresa, manifestando el propio presidente que esa es la única posibilidad”.
La extensa caravana de autos recorrió con un sonoro “bocinazo” por la localidad de Avellaneda, donde tiene su sede el complejo industrial de Vicentín, con la vecina ciudad de Reconquista para expresar su rechazo a la intervención gubernamental de la empresa y su plan de expropiación.
A la lista de protestas que encabezaron los habitantes de Avellaneda desde el 8 de junio –cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y su decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar la compañía fundada hace casi cien años– se sumó una movilización para expulsar a los funcionarios enviados por el Gobierno.
Fernández defendió su proyecto para “rescatar la compañía, pese a los cuestionamientos de entidades agrícolas e industriales, y evitar que “termine en manos de capitales extranjeros”.
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Vicentín solicitó en febrero el concurso preventivo de acreedores con una deuda estimada en unos US$ 1.350 millones y entre sus acreedores se encuentran 2.600 productores agropecuarios, bancos públicos, liderados por el estatal Banco Nación, y un comité de acreedores extranjeros liderado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, dependiente del Banco Mundial).
“La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual Gobierno viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda república democrática”, señalaron los accionistas.