Este exhorto llega después de que el 6 de mayo pasado dos de los aspirantes a la Presidencia, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, cruzaran reproches en el debate electoral y ofrecieran cifras disímiles y difíciles de verificar sobre el gasto en publicidad cuando eran funcionarios. Ambos se acusaron de haber dilapidado recursos públicos en campañas promocionales cuando estuvieron al frente del Estado de México, en el caso de Peña Nieto (2005-2011), y del Distrito Federal en el del izquierdista López Obrador (2000-2005).
Las ONG explicaron en un mensaje público que la controversia desatada “es sintomática de una falla estructural de la democracia mexicana que vicia la relación entre medios de comunicación y poder”.
Recuerdan que “la polémica refleja la falta de transparencia, control y regulación” en el ámbito de la contratación de publicidad desde el poder, algo que debería ocurrir “bajo reglas claras y con el objetivo de informar a los ciudadanos”, pero no sucede en el México de hoy.
Ello propicia que la publicidad oficial sea utilizada “para influir sobre los contenidos de los medios” y que los gobiernos la asignen “en función de la línea editorial de estos medios para premiarlos o castigarlos”.
“Las prácticas mencionadas son antidemocráticas, limitan la pluralidad informativa en el país y socavan la libertad de expresión”, advierten las organizaciones en el documento.
Solicitan a los candidatos “impulsar desde el Ejecutivo una ley que regule la publicidad oficial” y se rija por los principios publicados por las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).