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MADRID (Reuters).Las tensiones de hace siglos por la soberanía del Peñón –un territorio británico de ultramar que España también reclama– escalaron a fines de julio ante las quejas de Madrid por la creación de un arrecife artificial por parte de Gibraltar, que los españoles alegan que bloquea a sus embarcaciones pesqueras.
“Espero que esto no vaya a más, pero es evidente que España tiene que defender los intereses de sus nacionales (ciudadanos) y desde luego así lo vamos a hacer”, dijo Rajoy a periodistas tras un encuentro con el rey Juan Carlos en Palma de Mallorca.
“Estamos dispuestos a hablar y dialogar y creo que se puede hacer (...). España tomará medidas única y exclusivamente legales”, agregó Rajoy.
Entre las medidas, se está evaluando aplicar una tarifa de unos 67 dólares a quienes ingresan a Gibraltar desde España, investigar las cuentas fiscales de los gibraltareños con propiedades en España y restringir el uso del espacio aéreo español por parte de vuelos con destino al aeropuerto del Peñón.
No estaba claro si España cobraría a los trabajadores que cruzan diariamente a Gibraltar –lo que les costaría hasta 500 euros a la semana– o solo a los turistas, y tampoco si esa tasa tendría alguna base legal. Las recientes divergencias por Gibraltar han sido más intensas que en el pasado.
Políticos de la oposición han acusado a Rajoy de usar la situación para distraer a los españoles de la grave recesión del país y del escándalo de corrupción que ha dañado la credibilidad del Partido Popular.
Rajoy y el primer ministro británico, David Cameron, conversaron telefónicamente el miércoles para intentar sofocar las tensiones, pero ambas partes parecieron reticentes a ceder en sus posiciones públicas.
El presidente del Gobierno español restó importancia a las maniobras de embarcaciones de la Armada británica en Gibraltar en las próximas semanas, diciendo que eran rutinarias y estaban previstas desde hace tiempo.
España cedió Gibraltar a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht, hace 300 años. El pequeño promontorio en el sur de la península ibérica, tiene unos 30.000 residentes que viven del turismo, las operaciones de juego online y los servicios financieros. El último episodio en el marco de las tensiones en la región se produjo cuando barcos gibraltareños arrojaron bloques de hormigón en una bahía para extender un arrecife artificial e incrementar la captura de peces.
Aunque España ha construido muchos arrecifes artificiales similares a lo largo de su costa, el Gobierno de Rajoy acusa a Gibraltar de dañar el medio ambiente y restringir el paso a embarcaciones de pesca españolas.
En señal de protesta, España impuso una ralentización en los controles en el cruce fronterizo, generando largas colas en medio del intenso calor del verano boreal para los vehículos que entran y salen de Gibraltar.