Gobierno arremete contra el Poder Judicial por caso Clarín

El Gobierno argentino volvió a acusar ayer al Poder Judicial de ayudar al grupo periodístico Clarín, criticado por el Ejecutivo, para que “no cumpla” con la legislación, por dictar una medida cautelar que suspende el proceso de adecuación de la empresa a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/ZZEJ46KJSBFUVORSQRIX2E6RUE.jpg

Cargando...

BUENOS AIRES (EFE).El jefe de Gabinete del Gobierno argentino criticó la “anuencia” de los jueces, “dispuestos a generar las condiciones para que el Grupo Clarín no cumpla con la ley”, durante su rueda de prensa diaria.

Para el funcionario, la cautelar dictada este miércoles por el magistrado Pablo Cayssials, que suspende la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para obligar al grupo Clarín a disgregarse y cumplir con las normas de desconcentración mediática, se enmarca dentro de “una estrategia de impedimento sistemático del cumplimiento de la ley”.

“Desde sus tribunas ellos alientan el debate sobre la calidad institucional, cuando en verdad la calidad institucional implica también el cumplimiento estricto de la ley y generar las condiciones para que no existan monopolios mediáticos que presionen a gobiernos para impedir el ejercicio pleno y libre de la voluntad popular”, sostuvo Capitanich.

Cayssials hizo lugar el miércoles a una petición de conocidos periodistas y columnistas argentinos para paralizar el inicio del proceso de transferencia de las licencias del grupo que exceden lo estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar prácticas monopólicas.

Entre los demandantes figuran los periodistas Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Joaquín Morales Solá.

“Se restringe de una manera extraordinariamente grosera la calidad institucional y se pretende manipular a través de un mensaje unidireccional a la opinión pública, a través de la presión mediática y corporativa”, opinó Capitanich, quien consideró este hecho como “dramático para el pueblo argentino”. La norma, aprobada en 2009 para sustituir otra sancionada durante la última dictadura militar (1976-1983), fue declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín (el más afectado por la normativa) y el Ejecutivo de Cristina Fernández.

En octubre pasado, la Afsca impuso el proceso de adecuación “de oficio” a Clarín, el mayor multimedia del país, tras considerar que el plan de división voluntaria en seis partes presentado por el grupo en noviembre de 2013 incluía “ventas ficticias” y “vínculos societarios entre las nuevas empresas”.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...