Reunidos durante más de tres horas con el presidente regional, Artur Mas, los partidos proconsulta acordaron “mantener la convocatoria con la voluntad de que la ciudadanía pueda participar y ejercer su derecho a voto el 9 de noviembre”, anunció el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.

El encuentro, convocado para forjar una posición unitaria, proseguirá incluso durante el fin de la semana, previó Homs.

El Gobierno español anunciaba minutos antes su intención de llevar a la Justicia la intención del gobierno catalán de crear una comisión electoral, desobedeciendo la sentencia del alto tribunal que dispuso suspender todo acto vinculado al referendo, hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión.

El Gobierno español ha dicho que esa región no puede pronunciarse unilateralmente sobre esta cuestión ya que la soberanía nacional recae sobre el conjunto de la población española.

“No nos pueden robar a los 47 millones de españoles que decidamos el presente y el futuro de nuestra gran nación”, dijo ayer la líder en Cataluña del Partido Popular (de gobierno), Alicia Sánchez Camacho.

“Ya se ha entrado en el terreno de la ilegalidad”, consideró el analista Antonio Torres del Moral, para quien esta firma constituye “un delito de sedición, quizá en un grado mínimo por las motivaciones políticas que se pueden entender como siendo atenuantes, pero sedición”.