El debate se centra sobre la legitimidad de los poderes públicos para legislar sobre un tema de orden privado, pero también sobre la idea de que las prostitutas son víctimas de la violencia de las redes mafiosas.
En un país apenas repuesto de otro debate relativo a la sexualidad, el del derecho de los homosexuales al matrimonio, los partidarios y los adversarios de la penalización de los clientes de prostitutas se enfrentan a través de cartas abiertas y peticiones, a veces provocadoras, sobre un tema tabú que alimenta fantasmas desde hace décadas, desde la legalización de los burdeles en 1804 hasta su prohibición hace 70 años.
Al iniciarse el debate parlamentario, la relatora del texto, la diputada socialista Maud Olivier, acusó de “hipocresía” a los opositores al proyecto de ley, pocos de los cuales asistían a la sesión.
“¿Puede bastar que una sola prostituta se declare libre para que la esclavitud de las otras sea respetable o aceptable?”, planteó.
“Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar el hecho de que los hombres tienen derecho a comprarlas”, recalcó, recordando que “el dinero de los clientes alimenta a los proxenetas”. Por su parte, la ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, afirmó que este texto es “una proposición de abolición de la prostitución”.
“El tema no es la sexualidad, sino el dinero que alimenta el proxenetismo”, agregó la ministra. El proyecto, iniciativa de diputados de la mayoría socialista y de la oposición conservadora, se propone disuadir a los clientes de prostitutas penalizando la compra de actos sexuales con una multa de 1.500 euros, multiplicada por dos en caso de reincidencia. Prevé asimismo un “cursillo de sensibilización” como alternativa a la multa.
El texto, que no prohíbe la prostitución, legal en Francia y ejercida por más de 20.000 mujeres, propone abrogar el delito de incitación que podía aplicarse hasta ahora a las prostitutas, una medida reclamada por estas.