La Fiscalía General habría propuesto a la primera dama israelí a que reembolsara dinero a las arcas públicas y asumiera alguna de las acusaciones en su contra que constan en la investigación policial.

El acuerdo propuesto contempla la devolución de un mínimo de 200.000 shékels (G. 336 millones), cantidad que habría rechazado el equipo legal de Sara, que solo aceptó pagar una cuantía de 50.000 shéqueles (G. 84 millones).

Sara es investigada por contratar a chefs particulares y hacer pedidos a domicilio de comida por valor de decenas de miles de shékels al mes de restaurantes de lujo a cargo del erario público.

Los abogados defensores adujeron que como Sara Netanyahu no es una funcionaria pública, no puede ser inculpada por fraude o ruptura de confianza. 

Según la acusación, desde septiembre de 2010 y hasta marzo de 2013, Sara Netanyahu y el ex vicedirector general de la oficina del primer ministro, Ezra Saidof, se pusieron de acuerdo para crear la falsa impresión de que no había un cocinero empleado en la residencia oficial de Jerusalén. Sara Netanyahu tiene hasta el próximo viernes antes de que el fiscal tome una decisión sobre su procesamiento.