Los fiscales María Irene Álvarez y Giovanni Grisetti fueron hasta el sector de la cárcel regional donde vivían en forma irregular cuatro peligrosos reclusos por orden del juez de ejecución de San Pedro, Néstor Arévalos. El lugar fue desmantelado el pasado 17 de junio por el Ministerio Público, mientras que el magistrado fue suspendido en su cargo y enjuiciado.
Hasta ahora el único imputado es el exdirector del penal, Wilfrido Quintana, actualmente prófugo.
“Tenemos nuevos elementos que vamos a cotejar”, dijo sin detallar la fiscala Álvarez, tras dejar el lugar nuevamente lacerado.
En relación al motín carcelario registrado en la Penitenciaría de San Pedro, que dejó diez muertos y varios heridos, la carpeta fiscal fue remitida a Asunción y quedó a cargo de la fiscala Alicia Saprisa.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El caso estuvo primeramente en manos de la agente Fani Aguilera de San Pedro de Ycuamandyyú, pero según datos a los que accedió ABC Color, la agente evitó formular imputación por temor y derivó la carpeta.
Aguilera llegó a decir incluso que ya contaba con todos los elementos y nombres para formular imputación, pero luego mantuvo reunión con sus superiores donde expuso su temor para seguir con el caso. Además, existe fuerte presión política ya que las autoridades de la cárcel en ese entonces son la mayoría operadores políticos del Partido Colorado.