Wilfrido Quintana era el director de la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú cuando el 16 de junio pasado estalló el motín en el que internos bautizados en el PCC mataron a 10 presos que integraban el clan Rotela, en el marco de una guerra por el control del tráfico de drogas dentro de los reclusorios que los albergan.
Wilfrido Quintana se encuentra prófugo desde hace más de un mes, cuando los fiscales Giovanni Grisetti e Irene Álvarez lo imputaron por cohecho pasivo agravado (coima).
Su procesamiento se concretó después de que se descubriera que cuatro reos condenados vivían en total libertad en una supuesta granja que funcionaba a un costado del penal.
Dos de los convictos privilegiados, coincidentemente, son tal vez los más adinerados de todo el sistema penitenciario.
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La tesis de la Fiscalía consiste justamente en que Quintana les cobrara a estos reclusos para dejarlos vivir casi como en sus casas, sin ser molestados en ningún momento del día y sin custodia.
Incluso, los presos tenían vehículos con los cuales salían a pasear cada vez que se les antojaba.
La única condición es que tenían que regresar a su “lugar de encierro”.
Por ejemplo, el entonces director de la cárcel llegó a sacarle un reloj costoso a uno de los narcotraficantes presos para regalarle a su madre.
Pese a que tiene una orden de captura, Quintana supuestamente vive en total libertad en su ciudad natal, San Estanislao (Santaní), aunque también se moviliza abiertamente por otras localidades del Segundo Departamento trabajando en política.
De hecho, algunas fuentes señalaron que Quintana fue uno de los principales reclutadores de hurreros sampedranos que vinieron a la capital del país para apoyar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante las últimas movilizaciones “espontáneas” que se hicieron ante la amenaza del juicio político.
Aparentemente, Wilfrido Quintana hizo una especie de pacto con los líderes regionales del movimiento Colorado Añetete, quienes le aseguraron inmunidad mientras siga operando políticamente a favor de ellos.
Uno de sus caudillos es el diputado Freddy Tadeo D’Ecclessis Giménez, cuyo hermano estuvo encarcelado por narcotráfico y cuya cuñada actualmente guarda reclusión por el mismo hecho.