El Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, dio inicio al juicio el pasado 3 de marzo, pero luego se llamó a un cuarto intermedio, porque el abogado Juan Sosa defensor de Camilo Soares pidió unos días para interiorizarse de la acusación. Posteriormente, el juez Capurro presentó un certificado de reposo por estar afectado por dengue lo que obligó a que recién hoy deba seguir el juzgamiento.
Soares y Guachiré fueron acusados por la fiscala Victoria Acuña de haber maniobrado en el año 2009 la compra de alimentos sobrefacturados, cuando el primero de ellos se desempeñó como titular de la Secretaría de Emergencia Nacional y, el segundo, como director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
El perjuicio que se causó al Estado fue de G. 1.224.976.100, perpetrado a través de dos compras sobrefacturadas, según la acusación de la Fiscalía.
El primer daño fue con la compra de panificados por G. 281.309.600, entre el 29 de mayo y el 16 de diciembre de 2009. La segunda compra sobrevaluada fue entre el 21 y 24 de diciembre de 2009. Se habían adquirido fideos, arroz, yerba, entre otros, por G. 943.000.000.
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Argumenta persecución
Soares en su defensa solo alega que estas acusaciones no tienen otro fundamento que la persecución política que viene sufriendo hace años.
Acusó a Arnaldo Giuzzio, Rocío Vallejo y Carlos Arregui de ser los que estaban tras su imputación cuando eran fiscales y que eso les sirvió para escalar en la arena política.
Sancionado por chicanas
El Tribunal de Sentencia fijó como nueva fecha de prescripción del caso el 28 de agosto de 2024 teniendo en cuenta las reiteradas interrupciones que tuvo el proceso a lo largo de estos diez años y dijeron que Camilo Soares fue el que más trabó la prosecución de las pesquisas con sus chicanas.
Alegaron los magistrados que Soares en todo momento tuvo una actitud obstruccionista y que por eso fue sancionado como litigante de mala fe por el entonces juez penal de garantías Pedro Mayor Martínez.