De hecho, esta fue una disposición de la Corte Suprema de Justicia, que ya había suspendido en su momento los plazos procesales.
Pero paralelamente, la fiscala general del Estado, Sandra Quinónez, suspendió las actividades en todas las sedes del país para evitar las aglomeraciones, consecuente con las directrices del Poder Ejecutivo.
La Unidad de Delitos Económicos lleva en curso los casos grandes de corrupción, como los de los políticos Javier Zacarías Irun y su esposa Sandra McLeod (imputados en cuatro causas, entre ellas por presunto enriquecimiento ilícito) además de Oscar González Daher, Miguel Rivas, Carlos Portillo, entre otros.
En sesión plenaria, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, se refirió a la disposición de la siguiente manera: “Aclaramos también que los plazos para la investigación fiscal y la presentación de los requerimientos conclusivos quedaran suspendidos de conformidad con la presente Acordada, correspondiendo la reposición de los plazos una vez concluida la presente crisis sanitaria”.
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Añadió el presidente del alto tribunal que “esto disponemos a los efectos de dar tranquilidad a los requerimientos fiscales que tengan que hacerse, en razón de que si es materialmente imposible hacerlo hay acuerdo de la Corte con que ese plazo sea suspendido y prorrogado”.
Este fue un tema de mucho debate y también de unanimidad, porque lo que no podemos hacer es impedir físicamente el cumplimiento de un deber de los fiscales y al mismo tiempo aplicarles las sanciones sobre las cuales ellos no tienen posibilidad de demostrar diligencia, básicamente”, concluyó
Las investigaciones derivan en requerimientos conclusivos que pueden llevar la causa a juicio oral y público.