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Estas personas fueron imputadas por el fiscal Eugenio Ocampos por su presunta responsabilidad en la supuesta salida ilegal del país de dos barras de oro con un peso total de unos 3 kilos. El valor en el mercado local sería de unos US$ 114.934, pero esta cifra se triplicaría en el extranjero y llegaría a los US$ 300.000.
El destino del oro era la empresa Gebarah et Fills Ltd, domiciliada en Beirut, República de Líbano.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) y en un principio fueron detenidas cinco personas, dos de ellas posteriormente liberadas.
El fiscal Ocampos pidió prisión para todos, tras argumentar peligro de obstrucción a la investigación y fuga. Sin embargo, el juez concluyó que el arresto domiciliario bajo fianza real de G. 600 millones decretada sobre seis inmuebles, además de la fianza personal de G. 150 millones de sus abogados era suficiente.
“Las circunstancias que hacen que el juzgado se incline a tomar esta determinación es que el oro que presuntamente según el Ministerio Público se intentaba sacar del país de contrabando fue declarado y eso consta en el acta de imputación”, explicó el juez Otazú.