El juez Marino Méndez, quien tenía a su cargo la causa, había ordenado por pedido del Ministerio Público, que la pericia financiera-contable de los documentos relacionados a lavado de dinero y otros hechos punibles se haga como anticipo jurisdiccional. Es decir, para que ya pueda ser usado como prueba en un eventual juicio oral.
Sin embargo, Méndez fue cambiado sugestivamente por la Corte, quien designó en su reemplazo al magistrado Amílcar Marecos. Este, apenas tuvo la causa en su poder, lo primero que hizo fue revocar de oficio la decisión de su colega y dispuso que la pericia se realice como diligencia investigativa.
Ayer, la fiscala Zunilda Martínez, apeló la resolución de Marecos.
La agente del Ministerio Público señaló que, entre otras razones, se solicitó la pericia financiera contable como anticipo jurisdiccional, debido a que numerosos imputados están en rebeldía y que si la referida diligencia se hace como acto investigativo se vulnerarían derechos y garantías constitucionales. “Por otro lado, es bueno mencionar que la defensa pública en los casos en que la pericia se haga como acto investigativo del Ministerio Público”, acotó.
“Mencionamos también la necesidad de que la pericia financiera contable sea otorgada bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de pruebas, en razón al tiempo que erogaría realizar dicha diligencia en el hipotético caso de que esta se haga en otra instancia (juicio oral), sin olvidarnos que los medios recursivos de la que pueden ser objetos”, dijo la fiscala.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por otro lado, intermediarios habrían solicitado dinero a los bancos a través de los cuales supuestamente se remesaron los dólares al exterior, a cambio de resoluciones judiciales y fiscales, que blanquearían a los empleados que supuestamente avalaron las operaciones sospechosas.
Los intermediarios se habrían presentado como personas que manejan a jueces y fiscales que intervienen en este mega proceso abierto por lavado de US$ 600 millones.
Es por ello que es necesario que los magistrados y agentes del Ministerio Público actúen con transparencia y no se presten a maniobras, que puedan generar sospechas sobre sus actos.
Los antecedentes revelan que empresas ficticias de Ciudad del Este, remesaron al exterior millones de dólares a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA, Continental, Atlas y Amambay, entre otros.
La fiscalía sindica como cerebro del esquema al contador Felipe Ramón Duarte, quien se asoció con el chino Tai Wu Tung, que era gerente de la casa de cambio Forex, de Ciudad del Este. Ambos imputados se encuentran prófugo de la justicia.