Juez o fiscal masón será destituido si falla a favor de su “hermano” de logia

Cualquier juez masón será enjuiciado y destituido si favorece o sentencia a favor de un hermano de su logia, según el anteproyecto de ley que elabora una comisión nacional formada para la reestructuración del Poder Judicial.

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De acuerdo al proyecto de legislación, igualmente podrán ser procesados y echados de sus cargos los magistrados de distintas confesiones religiosas o cofradías que dicten fallos que favorezcan a las personas que forman parte de su asociación.

Así lo estableció una de las dos subcomisiones nacionales que trabaja en la redacción de la nueva legislación que tiene por finalidad cambiar la estructura y funcionamiento de la administración de justicia.

De acuerdo al proyecto de redacción de uno de los artículos que prevé las causales de remoción, será procesado y destituido el que fallare en un caso concreto influenciado por la pertenencia del magistrado o agente fiscal a una asociación o entidad específica.

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Según los proyectistas de la normativa, los magistrados no podrán ser sancionados ni molestados por pertenecer a asociaciones, grupos o entidades masónicas legales porque esas afiliaciones o vinculaciones forman parte de los derechos de libre asociación que están garantizadas por la Constitución Nacional.

Sin embargo, las sanciones no podrán obviarse cuando los magistrados firmen sentencias que favorezcan a miembros de sus grupos, como logias masónicas, entidades religiosas o grupos de diversos tipos.

Igualmente, los integrantes de la comisión nacional se ratificaron en que otra de las principales causales de procesamiento y remoción de los magistrados será la asistencia a actos políticos partidarios, sean públicos o privados, como los cumpleaños o reuniones en seccionales, comités partidarios o de movimientos políticos.

Ayer, la comisión trabajó bajo la presidencia del abogado Sergio Godoy, asesor jurídico del Ejecutivo. También estuvieron presentes el titular de la comisión, senador Eduardo Petta; la doctora María Mercedes Buongermini, el camarista Alberto Martínez Simón y la doctora María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales.

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