El magistrado explicó que la resolución fue dictada en la causa “Elisa Cibils y otros sobre producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso”, iniciada a partir de una denuncia presentada por la docente Paola Arrúa, cuyo salario fue embargado en más de G. 4 millones, a partir de una deuda de G. 500.000. Más de 3.000 docentes están en situación similar.

La Fiscalía tiene hasta el 23 de octubre para presentar requerimiento conclusivo.

No obstante la postura de la Fiscalía de impulsar el proceso penal, López consideró que la legalidad o no del documento que dio origen al juicio es una cuestión previa a ser resuelta por el juzgado de paz del distrito de La Encarnación, a cargo de Felipe Acosta Smith. Es por esta razón, explicó, que resolvió hacer lugar al incidente de prejudicialidad promovido por González.

“Mi resolución está bien fundamentada y creo que no se puede criminalizar una cuestión que se está discutiendo en lo civil. Primero, a mi criterio, el juez de paz de La Encarnación es quien debe resolver acerca de la falsedad o no del mandamiento de intimación de pago”, dijo López, al señalar que actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Código Procesal Civil.