En el marco de su investigación, Salas solicitó al juez de primera instancia de Santa Rita, Alto Paraná, Rafael Jacobo, el expediente que contendría todos los antecedentes del presunto despojo de tierras a un propietario.
De acuerdo a los datos de la denuncia, una poderosa rosca judicial de la zona del Alto Paraná estaría operando para favorecer en forma ilegal a una de las partes y así perjudicar al verdadero dueño del inmueble, cuyo representante legal acudió al JEM para solicitar el castigo de los supuestos implicados en la ilicitud.
Magistrados, en la mira
Además del juez Jacobo, también estarían en la mira del Jurado los camaristas Miguel Onieva y Guido Cocco, según fuentes del JEM.
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La investigación ante el Jurado de Enjuiciamiento se inició cuando el señor Jackson Bressan denunció en nuestro diario el despojo de su propiedad de casi 7 hectáreas, ubicada en Santa Rita, Alto Paraná, por parte de una supuesta rosca de jueces y camaristas.
Bressan manifestó que accionó por medio de un juicio de reivindicación de inmueble sobre la finca Nº K11/3748, con una superficie de casi 7 hectáreas, el 25 de noviembre de 2011.
La acción judicial fue promovida ante el juzgado a cargo del magistrado de primera instancia de Santa Rita, Jacobo, contra la firma Granersa SRL.
Bressan dijo que presentó el plano de mensura, el pago de impuestos que realizó y todos los documentos que exigen este tipo de acciones sobre reivindicación de inmuebles.
La mensura judicial ya le había sido otorgada a Antero Bressan, el padre de Jackson, por Sentencia Definitiva Nº 7 del 8 de febrero de 2005, cuya mensura fue tramitada ante el mismo juez Jacobo, quien debió saber que la demanda de mensura, interrumpe el plazo para la usucapión que entabló Granersa contra Bressan, paralelamente a la reivindicación.
Jackson presentó en el juicio de reivindicación el título de propiedad de la finca y todas las pruebas en la demanda contra Granersa, que había adquirido 2,5 hectáreas de Antero Bressan.
El juez Jacobo no tuvo en cuenta los documentos de Bressan y concedió la reivindicación a favor de Granersa.
La Cámara, integrada por Sixto Melgarejo, Miguel Onieva y Guido Cocco, ratificó el fallo de primera instancia. La propiedad que es objeto del litigio valdría unos US$ 1.500.000.