Recaudado por tasas es para fiscales y asistentes

De acuerdo al presupuesto aprobado por el Congreso, en el 2018 el Ministerio Público recibiría G. 73.245 millones del Poder en concepto de tasas judiciales. El año pasado, la suma fue de unos G. 54.000 millones.

De los G. 73.000 millones, la suma de G. 30.588 millones se destinará al pago de funcionarios dentro de los programas de acción (agente fiscal, asistente fiscal y otros), por bonificaciones por antigüedad y grado académico. También para el aporte patronal por el seguro médico al IPS.

A servicios no personales, el Ministerio Público destinará G. 13.161 millones. Dentro de este nivel se contempla principalmente el pago de alquileres de sedes fiscales tanto del interior como de la capital. También están los gastos que permiten la investigación fiscal como viático por traslado del agente fiscal y representantes de la unidad fiscal. Así también figuran gastos de mantenimiento de equipos de transporte y equipos de oficina e informáticos. “Por otro lado, es importante resaltar que dentro del presupuesto vigente el pago de capacitación y adiestramiento de funcionarios se encuentra financiado el 100% con los recursos institucionales G. 313.675.874 –ya que G. 211.647.000– financiados con los recursos del tesoro han sido recortados en su totalidad dentro del presupuesto 2018”, refiere la Fiscalía.

La suma de G. 20.724 millones, de los más de G. 73.000 millones, será para inversión física.

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“Es importante acotar que el presupuesto vigente se financia con el 100% de Recursos Institucionales, la continuidad de las obras de construcción de las sedes fiscales en las cabeceras departamentales de Itapúa, Caazapá y Ñeembucú se verán comprometidas sin el financiamiento correspondiente. Asimismo, se encuentra la financiación del equipamiento tecnológico y mobiliario de estas sedes”, refiere el argumento del Ministerio Público.

El monto de G. 6.800 millones va para la adquisición de tinta, tóner y papel. Asimismo, para la compra de combustible y G. 840 millones es para el servicio de la deuda pública, según afirma la fiscalía.

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