Reducción de penas genera sospechas

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La pena reducida que aplican algunos jueces a los acusados por el tráfico de droga también genera sospechosas. Incluso motiva un “enfrentamiento” ente los magistrados y los fiscales antidrogas que expresan sus desacuerdos con los fallos.

Uno de los casos se evidenció hace unas semanas, cuando la Cámara de Apelación anuló la sentencia reducida que aplicaron los jueces Victor Alfieri, Daniel Ferro y Elio Ovelar.

El fiscal Ysaac Ferreira afirmó en su escrito de apelación que los miembros de un tribunal de sentencia no tuvieron en cuenta pruebas periciales, documentales y testimonios, para aplicar a los traficantes de droga.

Los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y José Agustín Fernández anularon totalmente la Sentencia Definitiva Nº 492, dictada por los magistrados Alfieri, Ovelar y Ferro, el 26 de diciembre del año pasado.

Los magistrados, con un sugestivo argumento, condenaron a los acusados Nicolás Asunción Ramírez Fernández a 8 años de cárcel; Bruno Franco Morel a 7 años de penitenciaría; Caio Marcio Maffato a 6 años y 6 meses de privación de libertad y Daniel Demetrius Gibson a 6 años y 6 meses de cárcel. El fiscal había pedido 25 años de cárcel.

Ante los casos expuestos, la Corte Suprema no hizo absolutamente nada. Lo que siempre hacen los ministros es ordenar auditorías, que finalmente solo sirven para blanquear los procesos.

La auditoría siempre concluye que no puede revisar la actuación jurisdiccional de los magistrados.