“La Central Nacional de Trabajadores expresa por este medio su más enérgico repudio y preocupación ante la venta de tierras ancestrales de los pueblos indígenas de los guaraní ñandeva y ayoreo de Cuyabia, ubicadas al noreste de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco Paraguayo”, expresa el documento. Agrega que los citados indígenas fueron despojados de 25.000 hectáreas que se transfirieron a la empresaria Julia Beatriz Vargas Meza, por la suma de 1.250 millones de guaraníes, por parte del propio presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, en complicidad con los directivos del Indert y otras autoridades departamentales y nacionales, conforme denuncias presentadas por los afectados.
La CNT considera una aberración violentar en sus derechos humanos a la población más desprotegida de la sociedad, que son los pueblos originarios. “Este hecho sin precedentes es ilegal y nulo de toda nulidad, teniendo en cuenta que existen leyes nacionales como la Constitución Nacional, que reza taxativamente en su Capítulo V, Art. 64 De la propiedad comunitaria: ‘Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; así mismo, estarán exentas de tributos. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
El Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos, ratificado por el Estado paraguayo, sin embargo, dice que los nativos deben ser consultados cuando se quiere disponer de bienes que les pertenecen.
“Por donde se lo mire, es un acto delictivo bochornoso y vergonzoso, más aún al provenir justamente de las autoridades del gobierno, que deberían salvaguardar y defender a los indígenas”, señala otra parte del comunicado.
La CNT responsabiliza al Poder Ejecutivo del violento despojo y exige el cumplimiento de las leyes nacionales restituyendo a los nativos su territorio ancestral. Piden igualmente la destitución de los presidentes del Indi y del Indert, respectivamente, y el procesamiento de los mismos. Firman el comunicado Juan Torales y Antolín López.
El presidente del Indi, Rubén Quesnel, prometió a hablar sobre este tema el próximo martes.