El Sinadi presentó en junio una solicitud al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, para realizar una audiencia pública antes de analizar un proyecto de ley que regula las operaciones de libranzas, ya que detectaron varias lagunas jurídicas que tendrían un efecto negativo en los docentes y funcionarios públicos de la República.
Tras aquella denuncia, Sinadi acaba de firmar un acuerdo con Capali para que más de 10.500 docentes reciban educación financiera gratuita, aprovechando las jornadas gremiales. La capacitación, apoyada por Capali, estará a cargo de la consultora de Gloria Ayala.
Entre las objeciones del Sinadi a la Ley de Libranzas figuran que los proyectistas de la ley presentan a la Capali como mayor aglutinadora de empresas (que utilizan el sistema de libranzas o débito automático de salarios para la venta comercial), dejando fuera del sistema a pequeños empresarios.
También que los principales directivos y portavoces de Capali representan a empresas que fueron denunciadas por estafa en términos de préstamos disfrazados con venta de electrodomésticos y que dan dinero en efectivo y embargan el salario docente y del funcionario público.
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Sinadi había esgrimido que quieren imponer condiciones inaplicables para inscribirse en el registro de operadoras de libranzas que se pretende manejar a través de la Capali, y que esta cámara creará y administrará una central de riesgos siendo parte interesada del negocio, “vemos falta de ética en esto”, dice parte de la extensa carta enviada a Velázquez, donde además critica que la Capali quiere descontar del docente y del funcionario público hasta el 75% de sus salarios, por compras. “En el anteproyecto se pisotean artículos de varias leyes y derechos consagrados en las leyes laborales, de defensa del consumidor, en la ley del comerciante, la ley de bancos y financieras, código civil y Constitución Nacional”, dice el documento.
Rodrigo Izaguirre Cazenave, presidente de Capali, señaló que a partir de la Ley de Libranzas se precautelará el salario del trabajador, para lo cual se continuarán con los descuentos, reduciendo el porcentaje (de 100% a 75%). “Este proyecto creará reglas de juego transparentes para todos, al indicar exactamente cuál es el papel de cada empleado en los descuentos autorizados voluntariamente por los deudores a sus acreedores”, dijo.
El acuerdo
El presidente del Sinadi, Miguel Marecos, indicó que firmaron el acuerdo con Capali porque “aceptaron las modificaciones que les propusimos y que vamos a presentar en la audiencia pública”, aún sin fecha.
Marecos agregó que a través del acuerdo con Capali, crearán un centro de atención y mediación de conflictos, canalizados por el Sinadi; también se analizará la refinanciación de deudas a docentes que no pueden hacerlo a través del Banco Nacional de Fomento, con la supervisión del Sinadi.
“Nuestra propuesta es que el descuento sea solo hasta el 50% del salario. Esto vamos a presentar en la Audiencia Pública con fundamentos técnicos”, indicó Marecos.