Es que, debido al veto del ejecutivo comunal, los vecinos de la zona quedan sin tener una preferencia al momento de determinar quién puede vender productos en la avenida. Una ordenanza anterior daba prioridad a la gente del barrio para dedicarse a esta actividad.
La Junta, por resolución del 13 de noviembre, aprobó el uso de suelo de la Costanera. Los ediles aprobaron la concesión para la explotación de los servicios a una empresa privada.
No obstante, permitieron la presencia de ambulantes. Había ganado la moción de que las familias de las zonas bajas usufructúen también el sector de la playa, como vendedores ambulantes.