La “máquina” debe poner en el mercado tantos billetes como le permita el valor de toda la producción nacional. De imprimirse más billetes que dicho límite, nos veremos en la indeseable situación de inflación disparada, como por ejemplo ha ocurrido en el pasado reciente en Argentina, con las catastróficas consecuencias que ya todos conocemos y que continúan hasta hoy.
De aquella clase, de aquel profesor y de sus explicaciones me acuerdo cuando aparecen repetitivos pedidos de aumento salarial, subsidios o beneficios para diferentes sectores de la Función Pública, como los empleados judiciales, policías, militares, médicos y hasta docentes.
“¿En qué país creen que viven?”, expresó correctamente el ministro de Hacienda, Benigno López, en una de sus espontáneas respuestas a las que nos tiene ya casi acostumbrados, cuando hizo referencia a la petición de los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que pretendían G. 24.000 millones más en este ejercicio fiscal para un plan de “equiparación salarial”, adicionales a los G. 28.000 millones que ya estaban presupuestados para el segundo semestre (para el 2020, está prevista una suma de G. 56.000 millones en el proyecto de presupuesto).
Estos aumentos iban a ir a parar principalmente a rectores y docentes, es decir, funcionarios de alta jerarquía dentro de la estructura de la UNA, pero finalmente estos se echaron para atrás en sus desmedidas pretensiones, que de hecho no tenían calce presupuestario. Queda la duda de si lo hicieron porque el Gobierno les prometió algo a cambio de que cesen las movilizaciones o simplemente temen mover de nuevo el avispero de la UNA y evitar auditorías, eventuales acusaciones de corrupción y despilfarro, como ocurrió tras el levantamiento estudiantil de “UNA no te Calles”. De todas formas el lío a nivel presupuestario en la Universidad Nacional continúa.
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Ante el Congreso también ya hay pedidos extras de aumentos por US$ 2.600 millones, de los que para el Ministerio de Educación serían US$ 400 millones; para Salud Pública, US$ 1.000 millones; Ministerio de Interior y Policía Nacional, US$ 200 millones, y los US$ 1.000 millones restantes para instituciones varias. Todo esto fuera del proyecto de presupuesto presentado por Hacienda para el 2020. La lista suma y sigue.
Además, en el Parlamento tiene media sanción un proyecto de ley que amplía la pensión alimentaria para adultos mayores, que no discrimina beneficiarios según nivel económico. Fue impulsado por la diputada cartista Blanca Vargas y tendría un costo adicional en el presupuesto de US$ 445 millones en los primeros cinco años. Se aprobó también en Diputados la indemnización para “gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989”, que significará otra sangría, esta vez de G. 358.530 millones.
Otros ejemplos. Petropar está solicitando para este año una reprogramación de G. 28.000 millones para pagar “bonificaciones” y hasta la Contraloría quiere reprogramar su presupuesto, y en su caso implicaría unos G. 14.910 millones para sueldos, bonificaciones y horas extra.
Todos estos requerimientos amenazan con volver insostenible el Presupuesto nacional, pues directamente no hay recursos para solventarlos.
Ya es hora de que quienes hacen estos pedidos se den por enterados, si aún no lo están, de que este año cerraríamos con una caída de la economía (-1%), y que en esas condiciones, a las que se agregan otros factores en contra, no se pueden hacer milagros, ni aún en el caso de que el país tuviera dos maquinitas de fabricar dinero.