Entonces, va de suyo que los Gobiernos de turno tienen la obligación de preservar su institucionalidad. Lo cual consiste en su empleo de conformidad con la doctrina, que constituye la forma en que deben ser empleadas las fuerzas armadas para combatir, y también para ejercer influencia sin recurrir a la violencia para disuadir a quienes busquen perjudicar los intereses nacionales, o atentar contra la seguridad interna de la República sobrepasando a las fuerzas policiales responsables de mantener el orden público y la vigencia de la ley.
Las consideraciones precedentes vienen a propósito de la decisión del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez de decretar “emergencia penitenciaria”, desde el 19 de setiembre del año pasado hasta el próximo mes de marzo, disponiendo el empleo de unidades de combate de las Fuerzas Armadas como auxiliares de los guardias penitenciarios en las cárceles más conflictivas del país, disponiendo que las mismas custodien su perímetro con apoyo de tanquetas.
Aunque el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para misiones de seguridad interna está permitido por decreto en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, no lo está en el resto de la República. Sin embargo, el Gobierno ha extendido esta misión de las fuerzas militares a todas las penitenciarías del país.
Pero lo peor que ha hecho es no establecer por decreto la misión específica de estas fuerzas desplegadas para custodiar las cárceles más conflictivas del país. Vale decir, el Comandante en Jefe ordena el despliegue táctico de las fuerzas militares pero no les imparte ninguna directiva o misión de empleo en caso de tener que utilizar la fuerza para reprimir motines o fugas de reclusos, como el registrado recientemente en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. En consecuencia, los militares quedan sin saber qué hacer en tales casos.
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El empleo de una fuerza militar implica el uso de sus armas de combate; vale decir, de la violencia como recurso en casos de necesidad, en cumplimiento de la misión asignada. Las fuerzas militares estacionadas alrededor de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero no actuaron cuando cundió la evasión de reclusos porque no tenían directiva presidencial para hacerlo. En otras palabras, estaban ahí para encarnar la metáfora del “espantapájaro” de las huertas familiares de antaño. Y el comandante de la 4ª. División de Concepción, general de brigada Adrián Barrientos Báez, fue el chivo expiatorio que encontró el Comandante en Jefe para disimular el bochorno.
(*) Ex jefe del Estado Mayor del Ejército.