El otro carnaval

Los corsos encarnacenos, una de las fiestas más populares de la capital de Itapúa, con más de 100 años de historia y en la que cientos de familias participan para mantener viva esta fiesta tradicional que identifica a la ciudad, ingresó en una situación crítica en los últimos años: los costos son mayores a la recaudación. De acuerdo con el expresidente de la Comisión del Carnaval, Víctor Bogarín, solo las comparsas y carrozas tienen un gasto de G. 3.000 millones que deben ser garantizados para la realización del espectáculo.

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El sambódromo –lugar definitivo para el desfile de las carrozas y comparsas inaugurado el 6 de febrero de 2014– es único del país y el tercero en magnitud después de los brasileños de Río de Janeiro y São Paulo. Tiene un aforo para unas 11.000 personas y costó unos 5 millones de dólares, financiados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En el año de su habilitación, en las ocho noches de corsos se recaudaron más de G. 2.742 millones, mientras en 2015 G. 537 millones más que el año anterior. En 2016, en tanto, según la comisión organizadora, hubo un déficit de G. 400 millones. En octubre de ese año, la Comisión de Carnaval firmó una alianza estratégica con la empresa Fénix Litoral Entertainment Group para el gerenciamiento de los carnavales en los próximos tres años. Esta compañía de Corrientes, Argentina, es la organizadora de los carnavales de esa ciudad.

El convenio –dijeron– busca mejorar los ingresos económicos y potenciar el espectáculo. Una de las decisiones fue que a partir de este año los corsos se realizan solo seis noches (cinco sábados y un viernes) por motivos de gastos que conlleva la organización. La deuda total que arrastra la Comisión del Carnaval trepó a G. 7.000 millones, informó su actual presidente, José Remezowski, electo este año. De aquí en más, apuntamos a que los corsos sean rentables y solventados por las marcas, dijo.

Habló que el pasivo nunca se pudo bancarizar porque el balance de la Comisión, encabezada por Julio Müller en 2013, no fue aprobado. Ese año, al asumir Víctor Bogarín, el pasivo era de 1.800 millones. Lo más grave –según Remezowski– es la desaparición de documentos importantes que hubieran contribuido a conocer en profundidad los gastos realizados. A juzgar por los últimos acontecimientos, que tienen relación con la contratación de un dudoso servicio de guardia privada para los corsos por G. 90 millones, continúa el manejo turbio de los recursos, que son públicos. Existen sobradas razones para sospechar que la administración de los fondos es otro gran carnaval tras bambalinas y que debe ser investigado.

miguel.gonzalez@abc.com.py

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