Los delincuentes en la cárcel y los otros

La masacre en la cárcel de San Pedro, con 10 muertos, 5 de ellos decapitados y 3 de ellos calcinados, es un episodio de violencia extrema inédito en el país, en tiempos de democracia. Traspasa el ámbito puramente penitenciario, judicial o policial y deja al descubierto la falta de respuesta del Estado al desafío de una estructura criminal, sucursal de una estructura mayor con sede en Brasil, el PCC, que hace rato parece haberse hecho dueño de espacios fácticos de poder en el Paraguay.

La reacción de las autoridades, incluyendo la del presidente de la República Mario Abdo Benítez, con su anuncio de que construirán más cárceles, no da lugar a algún optimismo sobre la posibilidad de hacer frente a la compleja situación.

Desde hace algunos años, se habla en el Paraguay, sin profundizar demasiado, del paulatino copamiento de las instituciones del Estado por parte del crimen organizado.

Un par de décadas atrás, se decía que grupos mafiosos financiaban campañas políticas. Desde hace poco más de 10 años, se sabe que algunos de estos capos advirtieron que era mejor intervenir directamente en la política y pugnar por cargos electivos, especialmente a través de los partidos tradicionales.

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Paulatinamente, el Congreso y en particular la Cámara de Diputados se fue poblando de personajes de dudosos antecedentes, con casos judiciales pendientes o con algunos de ellos resueltos de manera expeditiva por jueces amigos.

Alrededor del año 2011, apareció en el Partido Colorado un “empresario” como candidato presidencial, que tenía el antecedente de haber estado preso por evasión de divisas, sobre cuyos negocios vinculados a la industria del tabaco se publicaba y se siguió publicando mucho más luego de que se transformara en presidente de la República.

Previamente, el entonces presidente uruguayo José Mujica habló en una entrevista periodística de julio de 2012, de la actuación del “narco-coloradismo”, como una injerencia en el centenario partido dentro del sistema político paraguayo.

La vinculación entre política y delincuencia común se fue acentuando. Llegamos al periodo actual en el que varios políticos fueron imputados o presos por hechos delictivos, algunos vinculados al ejercicio de sus cargos y otros no. El más sobresaliente es el de Vilmar Neneco Acosta, exintendente colorado de Ypehu, condenado por ser el actor intelectual de un doble asesinato, uno de ellos el del periodista Pablo Medina.

Otros casos notorios fueron los de los senadores Oscar González Daher (ANR), Jorge Oviedo Matto (Unace), Víctor Bogado (ANR) y Javier Zacarías Irún (ANR); los diputados Ulises Quintana (ANR), preso, Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR), todos ellos sometidos a proceso judicial. A estos se suma una lista de dirigentes sospechados, en algunos casos por sus vínculos familiares, como los diputados Freddy D’Ecclesiis (ANR) y Cristina Villalba (ANR), entre otros.

Este somero repaso (los nombres son muchos más) puede dar idea del problema. Si no constituye una prioridad para el actual Gobierno es difícil pensar siquiera que encarará el problema.

Volviendo al caso de los asesinatos en la cárcel, la magnitud de los crímenes no tendrá, evidentemente, las consecuencias políticas que hubiese tenido en otro momento y contexto. El presidente Abdo Benítez no se sintió obligado a dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, como si todo hubiera ocurrido en otro país. Obviamente, el Congreso no cree que deba convocarlo y menos aún someterlo a un juicio político. No se habla de destituir al ministro del ramo.

El mandatario tal vez deba agradecer a que la mala situación económica, la amenaza de más impuestos, la inundación y la pobre imagen de la selección de fútbol se lleven la atención de la gente. Aunque, a medida que pasen los años, quizás algunos se acuerden después de los tiempos en que aún se podía hacer algo para preservar la institucionalidad del país.

mcaceres@abc.com.py

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