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De igual manera, si se tienen en cuenta los grupos que mayores remuneraciones perciben, se puede observar que más del 20% del funcionariado estatal recibe una paga que está por encima de los tres salarios mínimos (G. 5,4 millones); mientras que apenas el 5,4% del sector privado alcanza o supera esta cifra.
Las estadísticas corresponden al ejercicio 2014 y es probable que a estas alturas las diferencias aún sean mayores.
Los datos vienen a propósito de lo que se viene ventilando en los últimos tiempos, en cuanto a los criterios y beneficios que son regalados en el sector público y una entidad binacional.
En la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) los funcionarios vienen recibiendo una gran cantidad de beneficios, entre ellos el pago de solo el 50% de sus tarifas del servicio de energía eléctrica.
En Petróleos Paraguayos (Petropar) la repartija de beneficios ha alcanzado niveles escandalosos, desde regalos de fin de año por resultados positivos obtenidos (una empresa que está en total quiebra), pasando por rubros de asistencia perfecta, personal preventivo y hasta absorbiendo el aporte del 9% que deben realizar al IPS.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) los ministros han consentido que sus respectivos choferes hayan ubicado a sus familiares en alguna oficina de la institución, con salarios nada despreciables, siendo este una minucia a juzgar por otros de mayor calibre que fueron denunciados a través de los medios de prensa.
A todo esto se suman los casos de nepotismo que se registran en el Ministerio de la Defensa Pública y los anuncios de las autoridades de la Municipalidad de Asunción y del Poder Ejecutivo de limpiar sus oficinas de planilleros.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) merece un apartado especial. Trascendió, primero, que varias de sus autoridades argentinas recibieron una indemnización bastante particular por haber abandonado la institución. Luego se supo que varios de sus pares paraguayos tuvieron el mismo beneficio, incluido algunos que siguen en la plana mayor y otros que ya no están, como el actual ministro de Defensa.
Lo llamativo del caso es que mientras en nuestro país el nuevo director paraguayo Ángel Recalde justificó la operación diciendo que era legal, pero no ética, en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri ha presentado una denuncia ante la Procuraduría y la Oficina Anticorrupción, en contra de los avivados que recibieron ese dinero.
Se han escuchado todo tipo de argumentos, muchos de ellos hasta risibles, para justificar este estado de cosas. Se ha hablado de históricos beneficios heredados del pasado, de derechos adquiridos, de que los montos que se manejan no son importantes y no afectan los precios de tarifas o bienes comercializados por las entidades estatales, entre muchas otras cosas. Algunos hasta sostienen que los beneficios no deberían ser objeto de críticas y que más bien la ciudadanía debería luchar para que todos los trabajadores paraguayos reciban lo mismo.
Es hora de empezar a discutir seriamente cómo se podría poner freno a esta situación. Los abusos no tienen colores. Esta práctica nefasta se ha extendido en las últimas décadas gracias a que los administradores de turno se muestran generosos con el dinero que no les pertenece y muchos sindicatos se han convertido en grupos de chantaje a las autoridades a fin de tomar su parte del botín. Como pudo apreciarse en las estadísticas oficiales, el trabajador del sector privado está en clara desventaja y contradictoriamente es el que soporta el gran peso de los costos a través del pago de sus impuestos. De todos los paraguayos que trabajan, solo 8% son funcionarios.
rsosa@abc.com.py