La ley que reglamenta la información de carácter privado, comúnmente conocida como “ley de Informconf (actualmente Equifax)”, estipula en el último párrafo de su artículo N° 9 que las empresas deben eliminar los datos sobre deudas, una vez cumplido el plazo máximo que la norma establece, que es hasta tres años (ver info).
Sin embargo, este punto no se cumple, y deudas que nunca fueron judicializadas siguen figurando en los legajos de las personas, afectándolas en el ámbito laboral y comercial.
Esto llevó a que varios legisladores presentaran propuestas para subsanar la falencia.
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Una de las propuestas es la de la bancada de Hagamos. Los senadores Gilberto Apuril y Patrick Kemper plantean incluir dos ítems nuevos en el artículo que prohíbe transmitir o divulgar datos.
Se trata de las deudas vencidas no reclamadas judicialmente y aquellas que lleguen hasta la suma equivalente a dos salarios mínimos mensuales (G. 4.385.678). El senador Apuril explicó que estos dos ítems buscan que las deudas bajas sean eliminadas automáticamente de la foja de los ciudadanos, a no ser que el acreedor decida accionar ante la justicia para reclamar el pago.
Esta propuesta fue presentada en marzo de este año; sin embargo, fue postergada en cuatro oportunidades, siendo la última hasta el 22 de agosto.
Consultado sobre el incumplimiento por parte de las empresas que deben eliminar los datos de deudas, dijo que el párrafo “no se cumple”. “Nosotros nos basamos en denuncia ciudadana para presentar el proyecto, y mucha gente nos dijo que nunca se eliminaron (sus datos). Había gente que dijeron que pagaron su deuda y siguen apareciendo”, indicó Kemper.
Propuesta de Payo
La otra propuesta para modificar la “ley de Informconf” es la del senador suspendido Paraguayo Cubas (CN), y que también fue postergada para agosto.
Su iniciativa plantea incluir en el artículo N° 9 la prohibición de filtrar datos sobre la situación comercial de alguien a cualquiera que no sean empresas crediticias, financieras o de otras entidades de créditos legalmente autorizadas por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Señala incluso que quedan estrictamente prohibidas las consultas sobre la situación patrimonial, solvencia económica y cumplimiento de compromisos comerciales y financieros de una o varias personas, para fines ajenos a cuestiones crediticias y/o financieras, evitando así el uso extorsivo de los datos.
Los argumentos de ambos senadores se basan en el uso indebido de los datos comerciales de las personas para los puestos laborales.