La Corte Suprema de Justicia deberá definir si las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son de libre acceso para los ciudadanos o no.
La máxima instancia judicial debe resolver una acción de inconstitucionalidad que presentó en julio del año pasado el excontralor Enrique García para evitar dar cumplimiento a dos sentencias judiciales que ordenaban la publicación de estos documentos.
Las sentencias favorecieron al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien presentó acción judicial luego de que la Contraloría se negara a entregar los documentos.
Ezequiel Santagada, director de IDEA y abogado de nuestro compañero de trabajo, reiteró la necesidad de que la Sala Constitucional se amplíe al pleno de la Corte Suprema para resolver este caso.
“Este caso reviste de un alto interés público”, manifestó Santagada a nuestro diario.
Santagada manifestó que es necesario conocer la opinión de los nuevos ministros de la máxima instancia judicial. La Sala Constitucional para resolver este caso quedó conformada inicialmente por el titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, y las ministras Gladys Bareiro de Módica y Myriam Peña. “Hoy la resolución quedaría en manos, por ejemplo, de una ministra que ya está por irse”, dijo el abogado en alusión de Peña que se jubila en los próximos meses.
“No tendría el peso institucional que requiere un caso así”, insistió.
Interés público debe primar
“Justamente para casos de interés público y de repercusión institucional es que cualquiera de las salas de la Corte se debe ampliar”, agregó.
Santagada recordó que este será el primer caso en el que se juega el derecho de acceso a la información pública desde que entró en vigencia la Ley 5282, que regula este derecho humano garantizado en la Constitución Nacional.
“Es muy importante que la Corte Suprema marque el rumbo”, sentenció.
Pedido reiterado públicamente
El abogado del periodista Lezcano reiteró el pedido de ampliación de la Corte ante el mismo presidente de la máxima instancia judicial, Eugenio Jiménez Rolón; y las ministras Carolina Llanes y Myriam Peña durante un evento organizado semanas atrás por la Asociación de Jueces.
Santagada había solicitado además que la Corte realice una sesión pública y televisada en la que se escuche los argumentos de ambas partes antes de dictar sentencia definitiva sobre el caso que lleva ya más de un año ante la máxima instancia judicial.