El Ministerio Público sostiene que de las erogaciones realizadas en los años 2015, 2016 y 2017 en concepto de construcciones, combustibles y lubricantes con fondos de royalties, y las realizadas en concepto de construcciones en las escuelas públicas y complemento nutricional, con fondos de Fonacide, es posible concluir primariamente el total del supuesto daño patrimonial de G. 1.072.426.954.

Sin embargo, el fiscal Piñánez refiere en su imputación que la suma mencionada de manera preliminar, podría estar sujeta a modificación con las pericias que deben ser diligenciadas.

En la imputación por lesión de confianza también están incluidos, pero en calidad de cómplices, Alfonso Benítez Segovia (exintendente interino), Jorge Oscar González (secretario general), Wildo Misael Álvarez (fiscal de obras del municipio), Liz Ignacia Villalba (encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones), y Cintia Gómez (directora de Administración y Finanzas).