En octubre del año pasado quedó firme la condena de un año de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena emitida contra Bogado. El tribunal de sentencia lo había hallado culpable del hecho de cobro indebido de honorarios y para no ir preso y reparar el daño debía hacer una donación a diferentes lugares de G. 20 millones al mes, por dos años. Tal sanción también alcanzó a la otra condenada, Gabriela Quintana, quien debía donar G. 2 millones mensualmente a la Cruz Roja Paraguaya, por dos años.
Sin embargo, pese a que la sentencia ya estaba firme, Víctor Bogado, a través de su abogado Óscar Germán Latorre, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena, con la sola intención de no pagar su obligación.
La pretensión del reo, quien había sido expulsado del Congreso tras el fallo, es postergar o incluso evitar tener que pagar dicho monto, lo cual técnicamente ya es imposible.
Sin embargo, dicha acción judicial le está dando resultado, ya que fue presentada en octubre, ya pasaron casi tres meses y todavía no fue estudiada debido a que los miembros de la Sala Constitucional de la Corte, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Myriam Peña, se inhibieron de entender y hasta el momento no se integró la Sala con nuevos integrantes.
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Con la feria judicial de todo enero, el condenado exsenador colorado gana un mes más de tiempo ya que recién en febrero se conformaría la Sala. En la acción planteada Bogado pide que sea anulado un fallo de la Sala Penal y eso no se puede producir. En varios casos la Corte ya dejó en claro que los fallos de las Salas no pueden ser cancelados.
Hasta la “niñera de oro” Gabriela Quintana ya está pagando la obligación, G. 2 millones mensuales, tal como se estipuló en la condena. Pero Bogado, tal como lo hizo a lo largo de casi seis años de proceso, presentó una chicana más para no desembolsar el monto dispuesto en la sentencia.
Aparte de esa acción Bogado denunció al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), supuestamente porque fueron quebrantados sus derechos en el Tribunal y en la Corte.